Marc Gavaldà*
Una inverosímil nota, difundida el pasado10 de
febrero por Energy Press (1) y copiada en escasos medios especializados,
comunicaban “el control de la fuga en el pozo LMS 11, logrado finalmente con
éxito el 26 de enero, luego de reiteradas postergaciones, atribuidas a las
adversidades del clima reinante en la zona”. La compañía YPFB Chaco informó
que personal de Boots & Coots, un equipo especializado en este tipo de
accidentes, logró controlar una fuga producida el pasado29 de diciembre.
Con una breve y muy tardía comunicación, la
empresa estatal boliviana, operadora del campo Los Monos, pretendía esquivar responsabilidades
minimizando el que puede ser el peor accidente petrolero del año en el país.
Probablemente también, el peor gestionado.
Anteriormente, una breve nota aparecida el 9 de
enero en el Deber, la empresa subsidiaria Boots & Coots informó de su viaje
a la zona para estabilizar la “fuga de gas seco debido a corrosión de una
tuerca del ‘arbolito’( llave de sellado del pozo)”. Ante los hechos
consumados, y la desinformación del caso, surgen a primera vista notables interrogantes.
Emisiones
masivas y salto de protocolos
La práctica de venteo de gas, afortunadamente
prohibida por las respectivas leyes y reglamentos de hidrocarburos, es una
práctica que debería haber dejado de ser modus operandi en los campos
petroleros. La liberación de gas metano, cuyo efecto invernadero es 100 veces
más potente que el dióxido de carbono, se debe evitar a toda costa. En muchos
campos donde la compañía no ha construido gasoductos, abundan los mecheros o
quemadores que alumbran la noche en las regiones afectadas por la actividad
hidrocarburífera.
Desconociendo aún, debido al intencionado
ocultamiento de los hechos, las magnitudes volumétricas de la fuga, es lógico
imaginar que éstas serán importantes, a juzgar por las pocas imágenes que has
trascendido y la duración de la fuga misma: al menos un mes desde que fue
detectada. La inexistente información sobre el caso favorece la impunidad
ambiental de la compañía, en caso de enfrentar una conveniente auditoría para
evaluar daños y cuantificar de la penalización económica o retirada de
permisos, según leyes ambientales vigentes en el país.
Las leyes también son explícitas al establecer
unos protocolos de actuación de caso de accidentes, cuya primera acción es
informar tanto a las autoridades competentes y a las poblaciones aledañas sobre
el alcance del suceso. Por su parte, las autoridades deberían informar a la
opinión pública sobre el incidente y establecer si se toman medidas adicionales
para proteger a la población.
Es evidente que la compañía optó por ocultar el
accidente hasta que no estuvo bajo control.
La
contaminación continúa en Aguaragüe
El Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Aguaragüe fue creado en el año 2000 para proteger los particulares
ecosistemas de bosque Tucumano-Boliviano y Serrano Chaqueño así como las
nacientes de agua que suministran este importante recurso a los departamentos
de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. Es una imponente serranía de mil metros de
altitud y 150 kilómetros de longitud que cruza todo el Chaco Boliviano hasta
Argentina.
Sin embargo, la intensa actividad petrolera está
deteriorando visiblemente el territorio, con la masiva apertura de caminos,
túneles, gasoductos, pozos, campamentos y otras infraestructuras. Según datos
proporcionados por CEDIB, oficialmente existen entre 55 y 60 pozos petroleros.
“Pero las cifras no son exactas”- advierte Jorge Campanini, investigador de la
contaminación por hidrocarburos de los cursos de agua en el Parque Aguaragüe. “Las
comunidades guaraníes han localizado muchos pozos paralelos que ni salen en los
mapas”.
Desde 2011, YPFB anunció la remediación de los
pasivos ambientales generados por una pésima gestión de abandono de los pozos
perforados en la década de 1970 y 1980. Se identificaron 37 puntos críticos con
emanaciones permanentes de petróleo, concentrados sobre todo en los campos
Sanandita, Caigua y Los Monos. Por ejemplo el pozo San-X-3, según Wilson Cejas,
guardaparque del Área, desagua directamente en la quebrada de Chorro, la cual
abastece el consumo humano, de animales y riego de tres comunidades: Sanandita
Vieja, El Chorro y Sachapera.
Sin embargo, la supuesta reparación ambiental de
YPFB, ha dado paso a una intensificación de la actividad petrolera en la zona
de forma ilegal. Según testimonios documentados en la comunidad guaraní Caigua,
YPFB Chaco, estaría vulnerando los derechos de las comunidades al hacerles
firmar actas para permitir la remediación de los derrames. Con ella, la
compañía abre nuevos accesos terrestres a la zona y perfora un nuevo pozo a
pocos metros de donde realizan la pretendida reparación de los suelos
contaminados.
Los Monos
como ejemplo
La situación de avasallamiento petrolero en el
Parque Nacional Aguaragüe se agravará en un futuro inmediato por las tareas que
van desarrollando las empresas YPFB Chaco y Petroandina que ya cuentan con
contratos sobre el Área. Además se suma el suscrito el año pasado con la
empresa Eastern Petroleum and Gas (China) y la solicitud de un nuevo contrato
por la NIOC (Irán). La probabilidad de accidentes como el ocurrido en el pozo
Los Monos 11, cuyas emisiones a la atmósfera durante semanas han sido
ninguneadas, aumentarán. Los hechos ocurridos, generan preocupación en el país,
teniendo en cuenta los planes gubernamentales de apertura hidrocarburífera en
áreas protegidas. Importantes áreas de biodiversidad mundial, como los Parques
Nacionales Carrasco, TIPNIS, Madidi, Pilón Lajas, Iñaoo el propio Aguaragüe, ya
hace años que tienen concesiones.(2) En 2014, le ha tocado el turno a la
Reserva Manuripi, entregada a para que dos empresas chinas exploren sus
profundidades.
* Investigador visitante CESU-Universidad Mayor
San Simón
Notas:
(1) “Logran controlar fuga de gas en el pozo Los
Monos”, Energy Press (10/02/2014). http://www.energypress.com.bo/index.php?cat=278&pla=3&id_articulo=568
Imágenes del pozo Los Monos
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