Carlos
Crespo Flores
2014
El 11 de diciembre
del 2008, el mismo día que organizaba el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni
(CHM), bajo la figura de sociedad accidental, se añade un anexo, el No 16, un
documento privado, declarado confidencial (punto 3.9), por tanto inaccesible a
terceros (*). El objetivo del documento es “aclarar y modificar la Cláusula
tercera” del contrato de asociación accidental,
particularmente la distribución de utilidades y la participación en las
obras.
Por el lado
de la utilidades (3.1.), el documento establece que la empresa italiana Grandi
Labori Fincosit SPA (GLF), que aparecía con el 51 % de las acciones, recibiría
un 0 % de las utilidades, distribuyéndose estas entre las otras cinco empresas
socias.
Respecto a
las obras, al no tener participación en las utilidades directas, se la exime de
obligaciones emergentes de la contratación de la obra (3.2.); específicamente
el punto 3.3. señala que GLOF “no tendrá participación en la asociación
accidental…”, y solo recibirá “la suma equivalente al 4.5 % del monto
contratado sin retención de impuestos de ningún tipo…” (3.3.), esto es aproximadamente
$US 5 millones, tomando en cuenta que el contrato inicial era por $US 80 millones.
El pago debía hacerse el 50 % en el momento del desembolso del anticipo
contractual, y pagos posteriores hasta completar el monto acordado[1]. A
cambio de este desembolso, GLF “se compromete a otorgar curriculum y toda la
documentación requerida en el pliego de especificaciones de la licitación…”
(3.6.).
El anexo 16
evidencia varios aspectos del proceso de contratación, la administración de la
obra por parte del consorcio y el rol del gobierno central en el manejo del
proyecto.
-
El CHM era una sociedad “trucha”, con capitales
autorizados casi simbólicos para adjudicarse una obra multimillonaria, con las
mismas direcciones de sus sedes en Bogotá a pesar de ser empresa venezolanas y
colombianas supuestamente diferentes. No solo eso, sino GLF, la socia
mayoritaria, solo ponía su nombre y curricular para presentarse a la licitación,
pero no participaba física ni materialmente en la obra. Se sabe que envió un
ingeniero que estuvo unos meses, con un salario jugoso y llevando una estilo de
vida “jailón”, con los fondos del anticipo. A cambio recibía $US 5 millones
líquidos. Recuerda el viejo estilo de sociedades "truchas", como
Aguas del Tunari el 99’-2000, para hacer negocios en Bolivia, protegidas por el
gobierno central.
-
El trato de los italianos con Bolivia ha sido
colonial, para decirlo menos. Un crédito de aquel país por $US 30 millones, que
obligaba a contratar a una empresa italiana como líder del proyecto, abría la
posibilidad de estos comportamientos corporativos corruptos.
-
Con el Anexo 16 se deja en manos de las 5 empresas
restantes la ejecución de la obra, empresas incompetentes, sin experiencia en
el tipo de construcción, o con antecedentes de corrupción y mala calidad de
construcciones en otros países.
-
El pago a GLF utilizando los fondos del anticipo evidencia
un mal uso del anticipo, por lo que corresponde la devolución de los $US 8
millones cancelados al CHM por este rubro, hoy en disputa con la empresa de seguro
CREDINFORM.
-
El gobierno estaba enterado del Anexo 16 y su
contenido, pero no hizo nada al respecto, y continuó la relación contractual
con el CHM. Que influencia tenía el CHM con el gobierno central para que se
haya aceptado tales condiciones contractuales?
(*) Agradezco al asambleísta cochabambino Henry Paredes por el acceso a la información.
Imagen: óleo de Arturo Borda
[1] Hasta se incluye la modalidad de pago: una entidad financiera local que
recibe el dinero cobrado de la empresa Misicuni y transfiere automáticamente a
una cuenta especificada por GLF.
No hay comentarios:
Publicar un comentario