Tres legados de la Guerra del Agua de Cochabamba

Carlos Crespo Flores

Las interpretaciones dominantes de la Guerra del Agua de Cochabamba oscilan entre los que definen "el proceso de cambio" liderizado por el presidente Evo Morales, como heredero de la revuelta valluna del agua el 2000; y por otro lado, desde el liberalismo de mercado, afirmando que la de Cochabamba fue una “guerra contra el agua”, pues no resolvió los temas principales que generó el conflicto: universalizar el servicio de agua y saneamiento con calidad y cantidad, transparentando la gestión hídrica.

A quince años del conflicto del agua, es posible hablar de un legado, no solo referido al futuro del acceso y uso del agua y sus servicios en la región, sino también su importancia para la acción colectiva.

El primer legado es la satisfacción de necesidades, humanas y de la naturaleza, donde el agua constituye un dispositivo fundamental. La guerra del agua tuvo dos demandas específicas: rescindir el Contrato con “Aguas del Tunari” y la anulación de la Ley de Agua Potable y Saneamiento Básico No 2029. Ambas fueron obtenidas, pues el contrato con el consorcio fue rescindido, y la ley fue sustituida por la N º 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, hoy vigente; pero, con la movilización no se ha garantizado la satisfacción adecuada de necesidades con el agua. Actualmente, en la ciudad de Cochabamba la cobertura de agua potable por parte de la empresa SEMAPA (47%) es menor que antes de la privatización del servicio en 1999 (57%) y en alcantarillado tampoco se ha avanzado mucho (54%); las pérdidas de agua siguen por el 50 % y hay zonas, particularmente en la zona sur, que reciben solo unas horas algunos días a la semana. Lo más grave: todo esto con participación social, vía presencia de la sociedad civil en el directorio, que terminaron legitimando y participando de la reproducción de la estructura corrupta en la empresa de agua. Tampoco ha protegido los sistemas de agua agrícola, debilitando seriamente la agropecuaria en el valle cochabambino. Finalmente, la institucionalización de la guerra del agua, esto es, su apropiación por parte de los poderes dominantes, involucró, con alguna excepción, la articulación de los principales líderes de la Coordinadora del Agua al sistema político formal, sean de izquierda o derecha; unos ingresaron a partidos políticos, otros como autoridades públicas, parlamentarios.

El contenido autónomo y antiestatalista de la Guerra del Agua es otro legado a tomar en cuenta. Fue el “corto verano de la anarquía” para los cochabambinos, pues durante los días de crisis, entre noviembre de 1999 y abril del 2000, el Estado no existía, la gente había tomado las calles y plazas; El movimiento del agua tenía dominio territorial de la región, estructurándose verdaderas zonas autónomas del Estado. Se auto organizó para la resistencia, pero también evitar la escasez de alimentos; la solidaridad y el apoyo mutuo durante esos momentos de esplendor, como gusta afirmar el ácrata Soñador Social, son parte de la memoria del valle, que el Estado no recuperará, pues son su negación. Con diez años de anticipación, Cochabamba experimentó lo que sucedería luego con los movimientos Occupy Wall Street, Indignados y las revueltas griega y árabe. La Guerra del Agua no formaba parte de una estrategia hegemónica, de toma del poder de Estado, como sostiene la historiografía oficial del MAS, sino la demanda de la gente por un mejor acceso y uso de agua y sus servicios, a partir de cuestionar la privatización y mercantilización del agua, incluyendo la corporatización; de hecho, el carácter antipartidario del movimiento es un hecho a destacar. Esta capacidad de cooperar y tener dominio del territorio, fuera o más allá del Estado, puede retornar en cualquier momento, y es lo que teme el Poder.

Un tercer legado es que la revuelta del agua en el valle inspiró al movimiento anticapitalista/antiglobalización, a partir de Washington en abril del 2000, cuando Oscar Olivera y activistas de la Coordinadora aparecen en las manifestaciones/concentraciones con gran impacto, pues se trataba de un movimiento de resistencia exitoso contra una corporación privada estigmatizada, Bechtel, ese momento principal contratista de la reconstrucción de Irak. Más aún, en la demanda de Bechtel ante el CIADI también salió derrotado, pues gracias a la presión internacional del activismo internacional, Bolivia no tuvo que pagar la compensación millonaria que demandaban por la ruptura del contrato. Este ejemplo no fue continuado: hoy, el gobierno del socialismo comunitario ha pagado compensaciones multimillonarias por la nacionalización de empresas estratégicas, empezando por Aguas del Illimani en la ciudad de La Paz.