Plata parece, oro negro es

El veneno en la miel del Convenio entre Repsol y los guaranís de Itika Guasu

Marc Gavaldà

A principios de abril, en el marco del aniversario de la Asamblea del Pueblo Guarani de Itika Guasú (APG-IG), su presidente anunciaba orgulloso la firma de un convenio con Repsol-YPF, que ponía fin a 6 años de conflicto. Según la organización, dicho acuerdo “reúne condiciones especiales que lo convierten en único en Bolivia e incluso en América Latina” y añadia que los principios aceptados por ambas partes en el Convenio “son útiles y servirán de ejemplo a otras comunidades indígenas”. En el papel, Repsol se compromete a entregar 14,8 millones de dólares para un plan de Desarrollo de las comunidades guaranís, así como cumplir (ahora sí) con las leyes nacionales y tratados internacionales que otorgan a los pueblos originarios a decidir sobre el destino de su territorio.

Sobre el acuerdo, a priori beneficioso para el pueblo guaraní, surgen algunas dudas: ¿Por qué Repsol , empresa con un dilatado historial de atropellos a los derechos de los pueblos, ha decidido considerar la voluntad de la Asamblea del Pueblo Guaraní?¿Respetará también la voluntad de los pueblos que se oponen a sus actividades?¿Porqué este Convenio es ejemplo para los demás pueblos del continente? Y el pueblo guaraní ¿Será beneficiado a largo plazo con el acuerdo que fortalece la presencia de la petrolera en el Bloque Caipipendi?
Sobre la mesa, aflora el debate de la monetización del deterioro del territorio y la calidad de vida, así como la privatización y progresiva sustitución de las funciones del Estado por las compañías petroleras.

Guaranís en el Bloque Caipipendi

El Chaco Boliviano ha sido el territorio y hábitat de los pueblos originarios guaranís, weenhayek y tapietes desde las profundidades de la historia. De hecho, los guaranís - que ya sufrieron terribles embestidas en la batalla de Kuruyuki (1892), así como en la Guerra del Chaco (1933) - siguieron habitando las orillas del río Pilcomayo y las laderas de la Serranía del Aguaragüe mucho antes que ingresaran las compañías petroleras a explorar los megayacimientos de gas escondidos en las profundidades rocosas de su territorio.

Que en el interior del Territorio Comunitario de Orígen Itika Guasú se ubique el Campo Margarita, una de las reservas gasíferas más importantes de Repsol-Ypf en el continente y que esta empresa se halla posicionado en un plano monopólico para el suministro de gas a Argentina, un negocio que le aportará millonarios beneficios en los próximos 20 años –hasta secar el pozo- no debería en principio influir en la voluntad del pueblo guaraní de seguir viviendo en su territorio aprovechando sus recursos naturales, como lo habían hecho hasta ahora. Responsabilizar a los guaraníes de Bolivia, de la crisis energética de Argentina, es un argumento, que aunque se ha escuchado en los medios, no despierta gran credibilidad.

El conflicto de los guaranis de Itika Guasu con las empresas petroleras se inició con la primera huella en su territorio. Primero Maxus, subsidiaria de YPF, luego la corporación fagocitadora Repsol , las petroleras fueron avasallando su territorio con una rúbrica de caminos, pozos, campamentos y ductos. “Todo esto sucedió en complicidad con los gobiernos de turno, quienes de manera dolosa encubrieron el accionar de REPSOL YPF, avalando la destrucción que hicieron de nuestros bosques, la perdida de nuestra fauna silvestre, la contaminación de nuestras aguas, la destrucción de nuestros suelos en definitiva la destrucción de nuestro territorio, el hábitat por generaciones del Pueblo Guaraní.”- decían en un pronunciamiento la APG-IG en noviembre de 2006.

De hecho, un informe publicado en diciembre de 2005, recopilaba los resultados en un monitoreo realizado por las comunidades que concluía que “ se llegó a la conclusión de que REPSOL YPF, tiene prácticas corporativas que violentan nuestra cultura, que modifican nuestras formas de vida, que no respetan nuestra organización ni a nuestras autoridades, no respetan nuestro territorio, y matan nuestra cultura”.
En 2010, una misiva de la organización, denunciaba que se habrían concedido 20 licencias ambientales en sus territorio. La última se expidió el pasado 5 de febrero de 2010, a las empresas Repsol YPF y a la nacionalizada Transredes para la construcción de un nuevo gasoducto. Las licencias habrían sido otorgadas, sin que se haya respetado el "derecho a consulta", que tienen los pueblos indígenas reconocidos legalmente. "Además se ha violado expresamente el derecho de propiedad que nos corresponde como TCO reconocida legalmente", señala la nota.

La firma, ahora sí, de un acuerdo de entendimiento de las comunidades guaranís con el coloso petrolero es sin duda un antecedente importante para otros pueblos indígenas del continente. Significaría en principio, que Repsol está dispuesta a escuchar y respetar también las voluntades de los pueblos indígenas afectados por sus actividades en otros bloques repartidos por todo el continente: mapuches, wichis, weenhayek, guaranís, chimanes, mosetenes, machiguengas, ashanikas, shipibos, achuar, huaoranis, u´was, guahibos, entre otros.

Sin ir más lejos, en el mismo Bloque Caipipendi, la comunidad Ava-guaraní de Tantayape, reconocida como Territorio Comunitario de Orígen y Patrimonio Historico Cultural del Pueblo Guaraní, ha rechazado explícitamente y en repetidas ocasiones el ingreso de Repsol en su territorio. Su negativa, obvio, entorpece los planes de aumentar las exportaciones del rico yacimiento de gas.
Aguardaremos atentos, a cual será el comportamiento de la compañía ante una voluntad negativa a sus proyectos.

El dinero no se come

Pero corrompe. La financiación de Planes de Desarrollo Indígena por parte de las petroleras en Bolivia no es nuevo. En el año 2000, durante la construcción del Gasoducto Bolivia Brasil, manejado por la multicorrupta Enron, Shell y Petrobras y financiado por el Banco Mundial entre otros, ya otorgaron una millonaria suma para un Plan de Desarrollo de los Pueblos Indigenas del Alto y Bajo Isoso. A los pocos meses, la adopción de estándares de consumo de nuevo rico (coches, trajes) de la dirigencia indígena afincada en la ciudad de Santa Cruz eran bastante visibles.
En 2000, Se firma otro convenio entre varias organizaciones chiquitanas y ayoreas afectadas por un el Gasoducto Lateral Cuiabá. Las negociaciones diluyeron el rechazo inicial al proyecto, se dilataron durante varios años y al final, la empresa no cumplió con el financiamiento de casi 2 millones de dólares para titualación de tierras y proyectos productivos.
En 2003, un nuevo Plan de Desarrollo para los pueblos afectados por el Gasoducto Yacuiba Río Grande, de más de 500 kilómetros, fue como anillo al dedo para que Repsol y Petrobras presuman en público de la filantropía hacia las numerosas comunidades guaranís y weenhayek afectadas por el trazado.

Por otra parte, cada vez son más visibles los efectos a largo plazo del vertido de “dinero sobre petróleo” a los pueblos indígenas. En Ecuador, Repsol suministra entre 300 y 500 dólares por família huaorani afectada en el Bloque 16. Organizaciones locales denuncian en un informe la aparición del alcoholismo crónico, la caza comercial y el ansia de consumo de sus beneficiarios.

Por eso, el convenio entre Repsol y los guaranís, debería valorarse en una lenta digestión. Partiendo de la inconmesurabilidad de ciertos valores asociados a la degradación ambiental, como la pérdida de biodiversidad o el declive de la esperanza de vida, la suma de 14 millones de dólares como moneda de pacificación del Bloque Caipipendi no genera mucha admiración: es aproximadamente la mitad de lo que gana la empresa en un día.