LOS INTELECTUALES Y EL PODER PLURINACIONAL Carlos Crespo Flores

 En los últimos sesenta años, por lo menos en tres periodos históricos, intelectuales bolivianos, la mayoría provenientes de la izquierda, se han articulado o fueron cooptados por el poder estatal dominante de ese momento. Son los que diseñaron estrategias y políticas públicas de los gobiernos de turno, pero también son los que elaboran el marco teórico, interpretan y legitiman tales procesos, considerados “revolucionarios”. Son generaciones enteras de académicos y escritores que fueron engullidos por la maquinaria estatal.

El 52’, fueron los Zavaleta, Ayala Mercado, Urquidi, Céspedes, como militantes del MNR o que hicieron “entrismo” al partido de gobierno, quienes “explicaron” la “revolución anti-imperialista”, y/o diseñaron las reformas agraria, urbana o las nacionalizaciones; durante el segundo periodo emenerrista, fueron los Toranzo, Lazarte, Antezana, Molina, que justificaron al “Gonismo” como salida a la crisis del “nacionalismo revolucionario”. Hoy, con el “proceso de cambio”, son los Linera, Calderón, Mayorga, que continúan tal pulsión.

Desde la Vicepresidencia se ha creado el Centro de Investigaciones Sociales (CIS), verdadero “think thank” estatal donde investigadores y cientistas sociales están produciendo la “verdad” del Estado Plurinacional, re-elaborando la historia nacional para justificar el “gobierno indígena”, pues como en la película de Jorge Sanjinés (otro intelectual afiliado), los quinientos años de colonialismo y exclusión indígena concluyen con Evo Morales viajando en el teleférico. Actualmente, de acuerdo a una agenda previamente definida, el CIS es el principal financiador de investigaciones y tesis en el país, por encima de las universidades o centros independientes como el PIEB.

Este 2019 negras tormentas se avecinan sobre la democracia boliviana, y existen múltiples rostros que la visualizan: un presidente que aprovecha su mayoría parlamentaria y el control sobre los poderes judicial, electoral, para buscar re elegirse recurriendo a todos los medios posibles, la mayoría ilegales, vulnerando normas vigentes, particularmente la Constitución. El argumento para lograrlo, que es “un pedido del pueblo”, es típico de dictadores emergentes. Un gobierno que criminaliza y persigue a opositores, defensores de DDHH, activistas disidentes, y todo aquel que piense y actúe diferente al guion del Estado plurinacional. A nombre de establecer un régimen hegemónico, una administración gubernamental que busca el control total del país y sus instituciones, incluyendo sindicatos, organizaciones sociales de base, las universidades autónomas. Más aún, un gobierno que ha convertido el montaje y el espectáculo como método de gestión pública para imponer el terror y el miedo en la población. En suma, la democracia en Bolivia está hoy amenazada.

A pesar de esta realidad, que solo reproduce experiencias autoritarias similares en otros países del llamado “socialismo del siglo XXI”, como Venezuela, Nicaragua o Cuba, hay intelectuales afines al “gobierno de los movimientos sociales” que tienen una lectura diferente del “proceso de cambio” boliviano. Justamente, uno de estos “maestros pensadores” del “gobierno de los movimientos sociales”, en una conferencia internacional, realizó una exposición con el título “Proceso político boliviano: democracia en disputa”. Detrás del título, se hallan algunos supuestos teóricos, necesarios de un par de apuntes críticos. La primera es considerar que los actores sociales en el país, no solo se hallan en las mismas relaciones de fuerza, sino que actúan “habermasianamente”, desplegando comportamientos comunicacionalmente racionales, sea para construir consensos o expandir la hegemonía de un actor sobre los demás. No hay tal, en el mundo real operan relaciones de poder y dominación, y en el caso boliviano, un actor político, el MAS, bajo la jefatura de su “gran timonel” el que busca imponer su voluntad, por las buenas o las malas, por tanto no hay disputa por dar “sentido” a la democracia, sino libertades individuales y colectivas en proceso de ser criminalizadas y conculcadas.

Para quienes defendemos el pensar crítico y autónomo, es hora de empezar a desmontar los postulados y argumentos de estos operadores del “Estado plurinacional”, expresión de la servidumbre voluntaria en el conocimiento. Ese será nuestro aporte a la defensa de las libertades democráticas en Bolivia.

 Cochabamba, enero 2019