“Nunca más la privatización del agua”
La empresa mixta en la nueva constitución boliviana[1]
Carlos Crespo Flores
CESU - UMSS
El gobierno ha difundido la noticia que la nueva CPE elimina la participación privada en el sector agua potable y alcantarillado, particularmente las concesiones. El viceministro de riego señalaba que en la nueva CPE “las concesiones se anulan, no hay más concesiones de recurso hídrico”[2]. La presidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte afirma que “la constitución… aboga por la recuperación de los RRNN, como el agua, que no puede ser privatizada” ( http://abi.bo)/. Ratificando esta información, Amnistía Internacional alega que la aprobación de la constitución permitiría prohibir “la privatización del agua o su inclusión en acuerdos comerciales” (http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/feature-stories/constitucion-bolivia-conflicto-civil-avances-sociales-20081121); en el mismo sentido, en la prensa electrónica boliviana, se lee: “La nueva Constitución Política del Estado garantiza que el agua no será privatizada ni sus servicios concesionados y adquiere categoría de derecho fundamental” (http://www.tarijalibre.tarijaindustrial.com/2008/03/nueva-constitucion-garantiza-que-el-agua-no-sera-privatizada/).
Se me ocurren dos maneras de eliminar efectivamente la privatización del agua en el texto constitucional; una, eliminar la figura privada en el sector, como en el modelo ecuatoriano, cuya asamblea constituyente ha definido que la gestión del agua es exclusivamente pública o comunitaria. La segunda es establecer que la gestión del agua y sus servicios constituyen un servicio, por tanto no tendrá fines de lucro, poniendo un candado a la participación privada. Veamos que sucede en el nuevo marco normativo constitucional boliviano.
La CPE señala claramente un rol protagónico al Estado en la gestión del agua: “… Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes…” (Art. 374). Asimismo, se dice que “Los recursos hídricos… no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley. (Art. 373 inc. II). Es decir, el recurso no será privatizado, pero del servicio solo dice que no será concesionado, no hace referencia de otras formas de participación privada. El artículo 309 lo aclara, con la introducción de la empresa mixta dentro los objetivos de la forma de organización económica estatal (incluyendo a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal):
“Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. (Art. 309).
De hecho, entre las formas de organización económicas reconocidas en la nueva CPE se hallan la comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, las cuales “podrán constituir empresas mixtas (art. 306, inc. IV). En suma, contradiciendo lo afirmado por el gobierno e intelectuales orgánicos, a pesar de la mayor presencia estatal en la gestión de los recursos hídricos y sus servicios, la participación privada no solo que no desaparece, sino que se la constitucionaliza a través de la empresa mixta, figura jurídica que estaba ausente en la versión de la Asamblea Constituyente aprobada en Oruro, donde se decía que los servicios públicos serian administrados “directamente o por medio de empresas público-comunitarias” (art. 310).
Dos factores interrelacionados explican esta modificación. Por un lado, el generalizado fracaso de los modelos de privatización de los servicios de agua potable en el mundo, y la resistencia social que ha generado (donde la guerra del agua de Cochabamba ha constituido un referente y modelo a seguir para el activismo internacional del agua), ha obligado a la cooperación internacional repensar las vías de participación privada, y la más difundida es la llamada “sociedad público privada”, o empresas mixtas (Vives, et. al, 2007; FOMIN, 2005; Benavides, J & Vives, A, 2005). La forma clásica de privatización y/o concesión total del servicio es un figura que nadie defiende, pero sí las alianzas público privadas. Y Bolivia no es la excepción; la figura de la empresa mixta llega vía cooperación internacional. No olvidemos que el financiamiento del componente agua potable y saneamiento en el Plan Nacional de Desarrollo ($US 528 millones en programas y proyectos de pre inversión e inversión), fundamentalmente proviene de créditos y donaciones, de la cooperación internacional. Hoy, organismos como el BID y la GTZ/KfW, defensores y promotores de los modelos mixtos, son los principales financiadores del sector agua potable y riego[3]. Es evidente que el gobierno boliviano ha cedido a la presión que suponen las condicionalidades de estos soportes, aceptando la empresa mixta como modelo de gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado. Este hecho sin duda puede orientar el futuro modelo de la empresa de agua en La Paz/el Alto, actualmente en discusión, y abrir la posibilidad de un empresa mixta en aquellas ciudades.
El dilema se plantea para las organizaciones sociales alteñas, particularmente la FEJUVE, líder de la resistencia a la empresa Aguas del Illimani/Suez: cuestionarán el marco normativo constitucional, hoy respaldado totalmente, aunque vulnere el principio antiprivatizador que orientó la lucha alteña del agua? Hoy, el movimiento nacional del agua, al haber decidido apoyar el gobierno y/o el proceso, en general está neutralizado en su capacidad de acción colectiva autónoma, por tanto difícilmente surgirá un movimiento crítico de la constitucionalización de la participación privada en el sector agua, esta vez como empresa mixta.
Finalmente, la defección del gobierno boliviano ante la cooperación internacional, en un tema fundamental como la participación privada en el sector agua, muestra dos cosas: más allá de la retórica anti imperialista de los gobernantes, Bolivia continua siendo un país sometido al poder supranacional de las corporaciones y los organismos de cooperación internacionales. Segundo, gobiernos autodefinidos como anti neoliberales y de izquierda, reivindicando una matriz indígena, como en el caso boliviano, no garantizan que el agua y sus servicios no sean mercantilizados, esto es su privatización y su articulación a la disciplina del mercado.
Bibliografia
- Benvides, Juan & Vives, Antonio (2005) Public private partnership: from plain vanilla to local flavour; Infraestructure and Financial Market review, Vol II, No 2. Pp 1-5.
- Fondo Multilateral de Inversión –FOMIN (2005) Plan de acción para grupos de proyectos del FOMIN. Apoyo a la competitividad mediante asociaciones público privadas; 12 pp.
- Vives, et. al. (2007) Estructuración financiera de proyectos de infraestructura en asociaciones público privadas: una aplicación a proyectos de agua y saneamiento; Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. 99 pp.
La empresa mixta en la nueva constitución boliviana[1]
Carlos Crespo Flores
CESU - UMSS
El gobierno ha difundido la noticia que la nueva CPE elimina la participación privada en el sector agua potable y alcantarillado, particularmente las concesiones. El viceministro de riego señalaba que en la nueva CPE “las concesiones se anulan, no hay más concesiones de recurso hídrico”[2]. La presidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte afirma que “la constitución… aboga por la recuperación de los RRNN, como el agua, que no puede ser privatizada” ( http://abi.bo)/. Ratificando esta información, Amnistía Internacional alega que la aprobación de la constitución permitiría prohibir “la privatización del agua o su inclusión en acuerdos comerciales” (http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/feature-stories/constitucion-bolivia-conflicto-civil-avances-sociales-20081121); en el mismo sentido, en la prensa electrónica boliviana, se lee: “La nueva Constitución Política del Estado garantiza que el agua no será privatizada ni sus servicios concesionados y adquiere categoría de derecho fundamental” (http://www.tarijalibre.tarijaindustrial.com/2008/03/nueva-constitucion-garantiza-que-el-agua-no-sera-privatizada/).
Se me ocurren dos maneras de eliminar efectivamente la privatización del agua en el texto constitucional; una, eliminar la figura privada en el sector, como en el modelo ecuatoriano, cuya asamblea constituyente ha definido que la gestión del agua es exclusivamente pública o comunitaria. La segunda es establecer que la gestión del agua y sus servicios constituyen un servicio, por tanto no tendrá fines de lucro, poniendo un candado a la participación privada. Veamos que sucede en el nuevo marco normativo constitucional boliviano.
La CPE señala claramente un rol protagónico al Estado en la gestión del agua: “… Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes…” (Art. 374). Asimismo, se dice que “Los recursos hídricos… no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley. (Art. 373 inc. II). Es decir, el recurso no será privatizado, pero del servicio solo dice que no será concesionado, no hace referencia de otras formas de participación privada. El artículo 309 lo aclara, con la introducción de la empresa mixta dentro los objetivos de la forma de organización económica estatal (incluyendo a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal):
“Administrar los servicios básicos de agua potable y alcantarillado directamente o por medio de empresas públicas, comunitarias, cooperativas o mixtas. (Art. 309).
De hecho, entre las formas de organización económicas reconocidas en la nueva CPE se hallan la comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, las cuales “podrán constituir empresas mixtas (art. 306, inc. IV). En suma, contradiciendo lo afirmado por el gobierno e intelectuales orgánicos, a pesar de la mayor presencia estatal en la gestión de los recursos hídricos y sus servicios, la participación privada no solo que no desaparece, sino que se la constitucionaliza a través de la empresa mixta, figura jurídica que estaba ausente en la versión de la Asamblea Constituyente aprobada en Oruro, donde se decía que los servicios públicos serian administrados “directamente o por medio de empresas público-comunitarias” (art. 310).
Dos factores interrelacionados explican esta modificación. Por un lado, el generalizado fracaso de los modelos de privatización de los servicios de agua potable en el mundo, y la resistencia social que ha generado (donde la guerra del agua de Cochabamba ha constituido un referente y modelo a seguir para el activismo internacional del agua), ha obligado a la cooperación internacional repensar las vías de participación privada, y la más difundida es la llamada “sociedad público privada”, o empresas mixtas (Vives, et. al, 2007; FOMIN, 2005; Benavides, J & Vives, A, 2005). La forma clásica de privatización y/o concesión total del servicio es un figura que nadie defiende, pero sí las alianzas público privadas. Y Bolivia no es la excepción; la figura de la empresa mixta llega vía cooperación internacional. No olvidemos que el financiamiento del componente agua potable y saneamiento en el Plan Nacional de Desarrollo ($US 528 millones en programas y proyectos de pre inversión e inversión), fundamentalmente proviene de créditos y donaciones, de la cooperación internacional. Hoy, organismos como el BID y la GTZ/KfW, defensores y promotores de los modelos mixtos, son los principales financiadores del sector agua potable y riego[3]. Es evidente que el gobierno boliviano ha cedido a la presión que suponen las condicionalidades de estos soportes, aceptando la empresa mixta como modelo de gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado. Este hecho sin duda puede orientar el futuro modelo de la empresa de agua en La Paz/el Alto, actualmente en discusión, y abrir la posibilidad de un empresa mixta en aquellas ciudades.
El dilema se plantea para las organizaciones sociales alteñas, particularmente la FEJUVE, líder de la resistencia a la empresa Aguas del Illimani/Suez: cuestionarán el marco normativo constitucional, hoy respaldado totalmente, aunque vulnere el principio antiprivatizador que orientó la lucha alteña del agua? Hoy, el movimiento nacional del agua, al haber decidido apoyar el gobierno y/o el proceso, en general está neutralizado en su capacidad de acción colectiva autónoma, por tanto difícilmente surgirá un movimiento crítico de la constitucionalización de la participación privada en el sector agua, esta vez como empresa mixta.
Finalmente, la defección del gobierno boliviano ante la cooperación internacional, en un tema fundamental como la participación privada en el sector agua, muestra dos cosas: más allá de la retórica anti imperialista de los gobernantes, Bolivia continua siendo un país sometido al poder supranacional de las corporaciones y los organismos de cooperación internacionales. Segundo, gobiernos autodefinidos como anti neoliberales y de izquierda, reivindicando una matriz indígena, como en el caso boliviano, no garantizan que el agua y sus servicios no sean mercantilizados, esto es su privatización y su articulación a la disciplina del mercado.
Bibliografia
- Benvides, Juan & Vives, Antonio (2005) Public private partnership: from plain vanilla to local flavour; Infraestructure and Financial Market review, Vol II, No 2. Pp 1-5.
- Fondo Multilateral de Inversión –FOMIN (2005) Plan de acción para grupos de proyectos del FOMIN. Apoyo a la competitividad mediante asociaciones público privadas; 12 pp.
- Vives, et. al. (2007) Estructuración financiera de proyectos de infraestructura en asociaciones público privadas: una aplicación a proyectos de agua y saneamiento; Washington: Banco Interamericano de Desarrollo. 99 pp.
[1] El texto forma parte de un ensayo inédito analizando el tema agua y recursos naturales en la nueva Constitución Política del Estado.
[2] Intervención en la conferencia “Cambios políticos en América Latina, nuevas políticas de agua? México DF, 26-28 noviembre 2008, organizado por la fundación Heinrich Boll.
[3] El BID financia por ejemplo, el programa nacional de riego, con enfoque de cuenca ($US 25 millones), el Programa de agua para pequeñas comunidades, (BO-L1013), $US 24,5 millones, Adicionalmente, el Programa de Revitalización y Desarrollo Urbano de La Paz, es un crédito del BID al gobierno municipal paceño. La KfW apoya proyectos de agua potable y saneamiento en pequeñas comunidades ($US 25 millones) o proyectos de riego ($US 12,1 millones).
No hay comentarios:
Publicar un comentario