miércoles, 20 de abril de 2016

De la anomía a la magisterización de la educación superior

 Guido de la Zerda Vega
(Docente - UMSS)

Introducción
Las universidades públicas no han sido estudiadas como culturas políticas. No obstante, su dimensión política ha sido y es su esencia, su naturaleza y su función dominante a lo largo de su historia, sobre todo de aquellas que se remontan en sus orígenes al siglo XIX.
En ese contexto político podemos identificar en Bolivia cinco periodos más o menos delimitados y específicamente explicados, con matices más o con matices menos sobre el desarrollo de la universidad boliviana: 1) la universidad tradicional teocrática: 1830-1930 (Primer momento constitutivo); tradicional político-burocrática: 1930-1971; (Segundo momento constitutivo); la universidad de la centralización política 1971- 1982 (Tercer momento constitutivo); la universidad de la administración tecnocrática y económica 1985- 2003 (Cuarto momento constitutivo) y la universidad de la anomía 2003- …(Quinto y actual momento constitutivo).
Para los fines de estas notas, y por la urgencia de comprender la actual coyuntura enfatizó solamente el último momento constitutivo. En una investigación anterior (2005), todavía inédita desarrollé los momentos anteriores.
La hipótesis que guía estas notas afirma que, la crisis con sus características asumidas el año 2015 (abril-agosto) se decantaron en un sentido estricto ya desde el año 2001. Pues, en el contexto de las elecciones a la Federación Universitaria Docente,  -ese año- la UMSS fue “cercada y encadenada” para impedir su funcionamiento por uno de los frentes docentes que terciaron en esas elecciones en respuesta a los abusos del poder central, digitados desde el rectorado y la secretaria general. Con una virulencia y violencia parecida se paraliza también la  universidad el 30 de agosto de 2002 a raíz de las elecciones a la FUL. A partir  del 2006 el telón de violencia alrededor de las elecciones al rectorado será una constante, ésta se imbricará como una subcultura indeseable e inevitable en el accionar de las dirigencias corporativas. Los cuerpos de choques organizados, ajenos a la cultura universitaria tomaran carta de “ciudadanía” en el campus universitario. De ese modo, la universidad autonomizada y encapsulada se romperá y saldrá al espacio societal de una forma brusca y violenta, es decir con un rostro desfigurado: el rol académico o científico de la universidad será desterrado y será reemplazado por las voces estridentes de sus sindicatos.
La violencia ya no será un hecho aislado ante las injusticias o los abusos del sistema de poder universitario, pues se convertirá en una subcultura que irá destruyendo y corroyendo paulatinamente -en tanto avanza- la cultura democrática y académica, precipitándose la universidad en una anomía generalizada, en la cual las cúpulas de las corporaciones de estudiantes, de profesores y de administrativos aparecen como sus únicos protagonistas.
Esta situación exila de la universidad el debate democrático, y su discurso ya no tendrá referencias científicas, sociales y políticas, constantes que caracterizaron de algún modo a los precedentes momentos constitutivos mencionados. Actualmente, el referente de la universidad es ella misma, con un rostro extraño a sus funciones la Universidad Pública de Cochabamba se mira desconcertada en su propio espejo.
Pero sería poco preciso pensar que “la universidad anómica” esté viviendo en una relación especular consigo misma, sola, aislada y desfigurada, y que haya perdido todos sus referentes con el mundo externo. No es así. Es posible que la universidad se haya vaciado de discurso y que su anomía sea actualmente su característica perversa específica, pero en realidad ella, la universidad obra también como una esponja que absorbe, recrea  y refleja los ribetes peligrosos de la anomía que vive el país, en tanto la primera se descompone internamente.
En todo caso, por ahora se trata de comprender con una mayor atención el quinto momento señalado, en un enfoque más autopoietico y menos vinculante con las otras instituciones del Estado y de la sociedad, aunque en rigor no se pueda ignorar esas relaciones en el análisis.  
1.         Quinto momento constitutivo

1.1  Modelo de la anomía generalizada (2003...)

La universidad pública tiene como relación dominante la enseñanza, es decir, la relación en el aula de alumnos y de profesores. Sin embargo, su función real no se debe a esa relación académica, sino a la efectividad con que cumple su rol de retención temporal y social de una población joven semi-calificada (bachilleres). De no ser así estos jóvenes que asisten a la universidad engrosarían las cifras que nos da el informe del Banco Mundial (2016), sobre 20.000 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, y que representan el 20% de la población en América Latina entre 15 y 24 años, más conocidos como NINIS (cf. Hoyos, Rogers & Zsékely, 2016:2).

Entonces la retención de niños(as) y jóvenes en la escuela y la universidad en un estado dudoso de aprendizajes efectivos, beneficia directa e indirectamente a la sociedad y a los estados nacionales, puesto que a un costo de un 9,9% respecto del PIB en Bolivia, las “instituciones educativas” controlan al grupo etareo que podría fácilmente convertirse en un peligro real en las calles, “absorbidas por las pandillas y el narcotráfico”, que de hecho ya lo es (Ibíd.), y cuya única apuesta por el futuro, parece ser el acceso a un espacio institucional de aprendizajes largos y formales, que lamentablemente no son una garantía de calidad académica y menos de inserción laboral a posteriori. De ese modo, la escuela y la educación superior aunque separadas organizacional, académica y políticamente comportan problemáticas parecidas y “nuevas exclusiones” aun cuando los sujetos del presente vengan munidos de un capital escolar. 

“La fragmentación social  de la oferta escolar, de no mediar correcciones fuertes, tiende a reproducir la segmentación del mercado de trabajo. Mientras que en la cúspide se ubica una minoría de empleos modernos que demandan una “nueva” fuerza de trabajo dotada de una serie de características tales como creatividad, capacidad de aprendizaje permanente, iniciativa, facilidad comunicativa, predisposición para trabajar en grupo, asumir responsabilidades y tomar decisiones en forma autónoma con bajo nivel de supervisión, habilidad para argumentar, negociar, establecer alianzas, administrar conflictos, en la base de la pirámide ocupacional se encuentra la mayoría de los puestos de trabajo, los cuales están ocupados por sujetos con perfiles de conocimientos y actitudes más bien tradicionales, que conforman el currículum de la educación básica” (Tenti, 2001: 48).

A su vez, este concepto de universidad como un reducto o espacio de retención de determinada población calza perfectamente con el concepto o la lógica de una organización gremial o sindical. Pero no es el gremio que se ha apropiado o descollado por sí mismo, sino que la transición de una universidad de élite a una universidad de masas, sin el correlato y la mantención de su cultura académica, la ha convertido a ésta en un terreno fértil para discurrir dominantemente por la lógica de los derechos gremiales, posponiendo las responsabilidades académicas de profesores y alumnos., y el cumplimiento de nuestras normas básicas.

De hecho, los alumnos asisten a la universidad con un horizonte precario sobre su futuro laboral, corroboradas por exigencias académicas cada vez menos seductoras, en tanto, ellos y los profesores son absorbidos por el remolino de luchas políticas intestinas que cotidianamente plantean las clientelas políticas alrededor del gobierno universitario, distorsionando aún más la situación de la condición estudiantil y de la práctica docente.

En el caso de los alumnos, estos indistintamente de su rendimiento académico pueden permanecer de forma ilimitada en la universidad, y a la vez beneficiarse de los servicios extraacadémicos que presta la universidad: comedor gratuito en el caso de la UMSS (10% aproximadamente de la población estudiantil: 7650 alumnos, Universidad en Cifras, 2014), seguro universal de salud (totalidad de la población estudiantil), que indudablemente ha inducido a una acelerada masificación de la matrícula universitaria en estos últimos años. Un hecho más para concluir que la universidad realiza roles que de hecho son más políticas que académicas, subrogando las obligaciones y competencias que atingen al Estado.

Los profesores tampoco están menos expuestos a las clientelas que el sistema político universitario recrea permanentemente. En realidad la “base dura” de las clientelas esta sostenida en la planta docente. Las más de las veces estos deben secundar a estas clientelas que controlan la sucesión de relaciones de poder para permanecer en la docencia o acceder a algún cargo de poder. En este contexto, cumplir o no cumplir las normas se ha convertido en un hecho  que fluctúa por el capital político que hayan acumulado estás clientelas. A mayor acumulación de poder en las camarillas mayor vulneración de las normas. Así se fueron cristalizando grupos de poder durante décadas, amparados en la organización de clientelas por dones y favores. Así se intentó titularizar a la mayoría de la planta docente por resolución del consejo universitario, vulnerando el reglamento de la docencia.

A su vez, la fragmentación, omisión o violación de la autonomía universitaria ha tomado carta de ciudadanía en las acciones del Estado (aparato jurídico y laboral) con la anuencia de la universidad pública. Las leyes laborales del país se superponen o se cumplen por prelación respecto de las leyes que protegen y sostienen la cultura de la autonomía universitaria. Esta situación supedita el estatuto orgánico a las leyes del trabajo, ignorando que las leyes universitarias internas son las que rigen el respeto, amparo y derechos laborales de los trabajadores administrativos, docentes y estudiantes.

Esta prelación “jurídica” viola el artículo 92 de la Constitución Política del Estado referida a la autonomía universitaria, que se reconoce como un derecho imprescriptible e inalienable en la misma constitución, que implica obligaciones  y reconoce derechos para autoridades, docentes, estudiantes y dependientes administrativos, y que en el marco de la autonomía la universidad es libre de administrar y legislar sus recursos humanos,  materiales y definir sus programas de enseñanza. Pero lo irónico y paradójico, es que esta violación de la autonomía universitaria no se activa por iniciativa del Estado sino por la propia universidad, a partir de las demandas de sus actores en contra de las incongruencias y abusos del sistema político universitario.

El origen de estas incongruencias obedece a que la cultura universitaria crea una jurisprudencia sesgada y políticamente maniquea, supeditada a las circunstancias e intereses de los grupos de poder eventuales o de sus clientelas. Eso significa, que reconoce “derechos” para unos en tanto afecta la de otros. Es decir, que la fragilidad del concepto de ley y justicia dentro de la cultura universitaria está supeditada a los “derechos”, “privilegios” y “canonjías” de sus partidarios o aliados de grupo. Los que toman decisiones al interior de la universidad administran la universidad como una entidad política, ignorando la condición natural de sus miembros, como docentes, estudiantes o administrativos regidos por una misma ley, enmarcada en derechos y obligaciones académicas y científicas como la función principal de la cultura universitaria.

En ese momento, lo sujetos o personas afectadas por una “jurisprudencia circunstancial” acuñada en la lógica de las corporaciones y de sus clientelas políticas se ven presionados a acudir a las leyes del Estado, provocando así un efecto de cuestionamiento inminente del ejercicio y cumplimiento de la leyes universitarias, deslegitimando así a la propia cultura universitaria y poniendo en cuestión la vigencia y potestad de la autonomía.

La universidad al no cumplir y aplicar de forma ecuánime sus normas por ella misma promulgada, abre una brecha de anomía y de rupturas con sus propias leyes que la llevan a exponerse a las leyes “externas del Estado”.

1.2 La anomía y la magisterización de la educación superior

Entre abril y agosto de 2015 la universidad pública de Cochabamba intentó por resolución del consejo universitario titularizar a su planta docente, arguyendo derechos laborales y/o políticos, lo que en términos prácticos denotó una especie “sui generis” de magisterización de la educación superior, es decir, convertir al conjunto de docentes en una  corporación regida por la lógica del sindicato, de espaldas a la vigencia de sus propios estatutos.

En una lectura preliminar se puede decir que este “acto político” no fue tan “sui generis”, ya que parece reflejar una lógica sindical archiconocida que defiende la condición del profesor en las escuelas públicas de Bolivia, cuando éstas sostienen la inamovilidad funcionaria de sus profesores, independientemente de la calidad de los servicios que estos prestan.  Esta situación pone en duda la condición de calidad y de renovación docente, supuestamente sostenido en un sistema de escalafón o de méritos y exámenes, componente central de los reglamentos de la docencia en ambos subsistemas: la educación básica y la educación superior.

Desde sus orígenes la magisterización ha tenido varios rostros y modificaciones en el tiempo. Si conceptualmente el magisterio se entiende como la “enseñanza y gobierno que el maestro ejerce sobre sus discípulos”, en el contexto de su aparición alrededor de las escuelas monásticas y catedralicias como antesala de la primera universidad francesa en el siglo IX, la magisterización fue mutándose y complementándose con acciones directas de los profesores para defender sus derechos de enseñar frente al avasallamiento de “falsos profesores” y los abusos de poder de los cancilleres, obispos e incluso de las decisiones de los Papas de entonces (Cf. Durkheim, 1995: pp. 23-54).

Estas autoridades religiosas decidían qué, cómo y quiénes debían enseñar en estas escuelas. En ese contexto, inicialmente el magisterio restringido en sus acciones al aula fue tomando otros ribetes y rostros acordes a los derechos y prácticas de los oficios de la época. Así nacieron las primeras corporaciones o gremios de profesores, que lucharon por sus políticas de enseñanza propias y defendieron a sus afiliados por sus talentos y su formación, y más aún cuando se hicieron laicas, aunque siguieron funcionando durante varios siglos bajo la autoridad o égida del Papa (Ibíd.).

Nuestra época ha absolutizado y parcializado las funciones del magisterio, restringiéndolo a un organismo corporativo alejado de su función originaria: la enseñanza. Ahora es un gremio que defiende a sus afiliados no por sus conocimientos o destrezas para la enseñanza, sino por su condición laboral y sus derechos al trabajo. Lo sensible de esta visión es que ignora que la capacidad de transmitir o crear conocimiento se sostiene en el trabajo de la abstracción y la formación científica y académica, sostenida en el estudio y dedicación al trabajo intelectual, el cual está expuesto a la evaluación de alumnos y del medio académico.

En ese sentido, un profesor debe ser defendido y ratificado como docente a partir de su práctica de aula y de su producción científica como su condición básica refrendada por su su sindicato. 

En todo caso, para continuar cabe preguntarse: ¿En qué momento la condición académica del profesor universitario se permea con la condición y lógica de un sindicato tradicional? ¿En qué momento la subcultura sindical permea la autonomía universitaria convirtiendo al docente en un sujeto de derechos laborales más que de obligaciones académicas, por oposición a sus reglamentos y estatutos? ¿En qué momento la universidad es confundida con el funcionamiento de una fábrica?

Las primeras formulaciones provisionales para repensar la universidad, pueden ser: 1) La universidad por sí misma ha ido destruyendo las bases jurídicas y legales de su funcionamiento al desconocer sus propios estatutos y reglamentos, 2) la condición docente pasa a ser sostenida en la lógica de sus sindicatos y de los grupos de poder y no en la de sus méritos académicos, 3) los grupos de poder partidarios y/o de grupo han convertido a los docentes y alumnos en una clientela política, 4) la sindicalización de la condición docente al margen de sus reglamentos y normas está atentando la renovación y la defensa de la calidad docente, 4) la calidad docente indefectiblemente está ligada a la aplicación del escalafón docente, 5) la normas o reglamentos del escalafón deben apuntar a evaluar y construir un docente-investigador, el cual debe ser defendido frente al docente de la enseñanza o la mera transmisión. 

Conclusiones y recomendaciones:

La universidad boliviana mantuvo su sentido en tanto esgrimió un discurso referencial, ese discurso fue básicamente político, el cual la relacionaba con la sociedad y la diferenciaba al mismo tiempo del Estado. Esa característica ha desaparecido. La universidad actual se ha vaciado de sentido discursivo, y esa situación no sólo obedece a la crisis de su propia lógica, sino también a los cambios externos que se han suscitado a su alrededor, por ejemplo:

1.    La universidad boliviana ha sido ignorada radicalmente en la Reforma Educativa 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez. A lo sumo se la menciona en el articulado referido a su autonomía. Se han creado universidades indígenas y universidades pedagógicas, militares y policiales sin ningún vínculo con la universidad pública boliviana. No obstante, esta última acoge al 80% o más de estudiantes correspondientes al grupo etareo respectivo, por mencionar una razón vinculante real con la sociedad.
2.    Es necesario una ley de universidades que permita articular mejor las demandas de las universidades con la sociedad y el Estado: 1) el establecimiento de una política de Estado para la universidad, 2) la asignación de recursos extraordinarios para la investigación, 3) el respeto a la autonomía universitaria, 4) la creación de una matriz de investigación articulada al sistema industrial, productivo y educativo del país.
3.    La universidad ya no interpela al Estado, la universidad ya no interpela a su entorno, menos así misma. No está articulada con la economía, las demandas sociales y productivas como formadora de recursos humanos, ni con las necesidades del Estado
4.    Lo que no sabíamos con exactitud es que la década de los noventa en su fracaso por convertir a las universidades públicas en factorías de la economía, en el marco de un capitalismo académico, estás instituciones serían abandonadas “a su suerte” bajo el mando de una burocracia dominante de alumnos, docentes y administrativos que han gobernado la universidad en estos últimos años.
5.    Ya no existe el referente exterior para la universidad: 1) la Iglesia y la oligarquía contra la cual proclamamos la autonomía en 1930, 2) el discurso contra las dictaduras de los años setenta y el viejo capitalismo e imperialismo que encumbró a la vieja izquierda latinoamericana y nacional, dándole una vida casi mítica, se ha difuminado, 3) el neoliberalismo y las exigencias de privatización que las llevó a las universidades a evaluarse para adecuar sus planes a la economía han fracasado, o fueron olvidándose en el camino, en tanto el neoliberalismo lo reculamos de otro modo, al lado del actual capitalismo de Estado, en tanto, las universidades privadas se vuelven protagonistas, amparados por el propio Estado y las exigencias de las clases medias que las vienen poblando como efecto de la crisis de las universidades públicas.
6.    La universidad pública sólo se tiene a sí misma como si fuese un espectro que se mira en su propio espejo, y ese es el origen de la crisis, está volcada sobre sí misma, y esa cultura endógena la ha pervertido y la está corrompiendo, en un mal uso de su autonomía. La universidad tiene que encontrar una nueva identidad y protagonismo en el corazón de la sociedad, de lo contrario la universidad seguirá atrapada en la disputa violenta entre sus gremios, buscando aumentar sus privilegios, por oposición a sus funciones académicas.
7.    Es importante también establecer una política de integración de las universidades públicas, con las privadas, indígenas, militares y policiales en el marco de una política pública.
8.    Es necesaria la articulación del conjunto de universidades de Bolivia a las escuelas de secundaria, para enfrentar los problemas de transición de los bachilleres a las casas superiores de estudio, en el marco de una discusión abierta de los objetivos y planes de estudio con las demandas de trabajo, necesidades productivas y sociales del país.
9.    Sin renunciar a su responsabilidad social, la universidad pública debe profundizar sus funciones académicas y científicas.
10. La universidad pública si se mantiene con sus actuales políticas está lejos de cumplir sus objetivos, incluso sólo de enseñanza.
11. El sistema de gobierno paritario y la condición docente debe paulatinamente avanzar hacia un perfil de méritos académicos.
12. La participación de las personas en el sistema de gobierno debe limitarse a periodos definidos, para evitar la reproducción de clientelas políticas.
13.  Las normas y reglamentos promulgados en el marco de la autonomía deben afirmarse como garantía de la calidad docente y estudiantil frente a las políticas de las corporaciones o gremios universitarios.
14. La autonomía universitaria y sus prerrogativas legales y jurídicas deben ser defendidas frente al atropello de decisiones judiciales, laborales o de otro tipo.


lunes, 18 de abril de 2016

AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y LA CRISIS DE LA UMSS

Carlos Crespo Flores


UNO. El “Waldazo” y sus efectos
El "Waldazo" fue una medida de campaña electoral, pues como se sabe buscaba re elegirse (está de moda entre los líderes políticos, no?) En el cálculo político del rector y su equipo asesor, la titularización por decreto de 900 docentes, aseguraría su victoria electoral. La resolución de consejo universitario fue tan desatinada, que recibió la condena pública, incluyendo del "académico" vicepresidente de la república, quien señaló que estaba plenamente de acuerdo con los exámenes de competencia “porque sino es mucha mediocridad”.

Y las decisiones de las asambleas docentes legitimaron el desatino de las autoridades y la dirección gremial. Allá se resolvía continuar con el apoyo a la resolución del Consejo Universitario de decretar la titulación docente por antigüedad, popularmente conocido como el "waldazo".

El estallido de este año permitió evidenciar además la alianza táctica aunque calculada entre los dos bloques dominantes del sector, los Rojos y los Azules, que se han estado distribuyendo el poder universitario los últimos veinte años. La gran capacidad de resiliencia de estas verdaderas logias universitarias, seguramente harán que los veamos en las próximas contiendas electorales.

DOS La UMSS  opera como el Estado en chiquito
La lucha estudiantil por los exámenes de competencia ha sacado a la luz solo una astilla de la podredumbre en la que ha ingresado la UMSS. La universidad sintetiza al Estado, y tiene los rasgos corruptos de este. "Esta estructura funciona como una red de Poder basada en el clientelismo y la prebenda, que atraviesa todos los estamentos de la universidad y sus expresiones políticas", como señalaba un documento del movimiento universitario Cesáreo Capriles, ya el año 2007[1][1]; un ejemplo, las prácticas corruptas de otorgación de cargos, materias y horas, como ha evidenciado el movimiento estudiantil. El efecto es que el "poder corrupto de la universidad constituye una estrategia sistemática dirigida a liquidar la investigación en la UMSS y toda posibilidad de producir conocimiento" (Ídem, 2007).

TRES. Corrupción
La corrupción del sistema de gobierno de la UMSS es tan grave, que está destruyendo, no solo la base económica de la UMSS, sino los elementos de cohesión interna de la comunidad universitaria.

Yo he sido víctima del sistema corrupto que impera en el régimen docente. Soy titular en una materia de la carrera de economía desde el año 1994, obtenida mediante examen de competencia.  Por un tema burocrático –no haber presentado una carta de solicitud de permiso sin goce de haberes por un año académico- se me ha quitado la titularidad de la materia, y se la ha distribuido entre docentes afines a los poderes facultativos. Por qué me ha sucedido aquello? Como me explicó claramente el jefe de carrera de Economía, no soy parte de ninguno de los grupos políticos dominantes en la UMSS, por tanto no tengo quien me defienda. Conozco de un ex rector, quien durante los cinco años de su gestión no envió ninguna carta de permiso en la carrera donde es docente, pero cuando decidió retornar, las autoridades facultativas no tuvieron ningún problema en hacerlo

CUATRO. El Pikuchismo
Un amigo vinculado a la UMSS desde hace casi 40 años ha definido a esta red de poder corrupto como “pikuchismo”, pues sería el ya finado rector Jorge Trigo, conocido popularmente como ”Pikucho” quien implemento este sistema de clientelas, cooptación de dirigentes. De hecho, el rector saliente y el dirigente del gremio docentes son auténticos “hijos del Pikuchismo”.

Más aún, fue don Pikucho, en una medida populista con la izquierda de moda en la época, quien extendió el cogobierno universitario paritario docente estudiantil a todas las instancias, principalmente académicas, pues hasta ese momento solo era el consejo universitario y facultativos donde había co gobierno, dejando así en manos de los políticos de turno la razón de ser de la universidad, la formación e investigación. El argumento fue la necesidad de “profundizar la democracia en la UMSS”. Sus efectos nefastos los estamos viviendo.

El pikuchismo tenía una estructura altamente centralizada, todo terminaba en el poder rectoral. Frente al reclamo de las facultades, particularmente las más grandes, a partir de la década del 90’ se descentraliza el gobierno universitario hacia las facultades, aplicando el criterio de la Ley de Participación Popular (LPP), por el cual las facultades reciben su asignación presupuestaria de acuerdo al tamaño de su población. De esta manera, y como sucedió con la LPP, las carreras pequeñas, como Sociología, con población estudiantil menor, se volvieron más pobres y las  numerosas las más “ricas”. Al mismo tiempo, cada facultad ha establecido su “pikucho” donde el decano y su grupo de poder es un verdadero rey chiquito. La descentralización ha significado también desconcentrar las redes del poder corruptas, aunque articuladas al poder central rectoral.

CINCO. Autonomía en la UMSS
Tres sentidos de la autonomía que para el propósito del trabajo se entienden de manera conectada. Primero, la capacidad del sujeto, individual o colectivo, para darse normas a uno mismo, de tomar decisiones y actuar sin influencia de presiones externas o internas. “La capacidad de iniciar una tarea y hacerlo en la manera de uno” diría Paul Goodman. La segunda, un sistema es autónomo si utiliza su propia información para modificarse a sí mismo y su entorno/ambiente para mejorar su supervivencia, en respuesta a estímulos ambientales e internos para modificar sus funciones básicas y aumentar su viabilidad. La tercera considera que la autonomía es el dominio de las interacciones; “la autonomía supone conexión y a la vez alteridad, intimidad y anonimato”, afirma el sociólogo Richard Sennett.

Por qué es fundamental defender la autonomía universitaria hoy?

Porque, a pesar de la intervención estatal de facto, la UMSS y en general la universidad pública es uno de los pocos espacios que queda de pensamiento independiente, en un país donde la libertad de pensamiento está seriamente vulnerada. Se criminaliza el disenso, ONGs que desaparecen o son perseguidas por haber apoyado la lucha del TIPNIS o proveer información sobre el verdadero rostro del gobierno de “los movimientos sociales”; la prensa cooptada o adquirida por el gobierno; intelectuales estigmatizados por decir lo que piensan de la “Bolivia del Cambio”. Más grave aún, intelectuales y activistas que se autocensuran pues, por sus actividades laborales, trabajan o coordinan con instituciones gubernamentales. En ese marco, la universidad pública es una isla de diversidad discursiva, amparada en la libertad de cátedra y de conocimiento que brinda la autonomía universitaria.

La paradoja es que a ninguno de los liderazgos de la UMSS les interesa defender realmente la autonomía universitaria

El representante de la FUL, Alejandro Mostajo, en un momento del conflicto, interpeló al vicepresidente de la república pidiendo que “interponga sus buenos oficios” para conversar con el rector de la UMSS, Waldo Jiménez, respecto a la titularización de docentes por resolución y protestó por el encarcelamiento del universitario Jarlin Coca."[2][2] El dirigente estudiantil estaba demandando que el Estado intervenga en la solución del conflicto.

Por su parte, el respaldo jurídico del "Waldazo" es la ley general del trabajo: los docentes, no solo tienen derecho al trabajo, como reconoce la CPEP, sino que están protegidos por la ley general del trabajo; es decir, se acude a una norma estatal para definir las relaciones laborales en el régimen docente. Si la universidad es autónoma, desde esa capacidad debe establecer las reglas de funcionamiento y los términos de la relación laboral con sus docentes. La titularización de docentes basados en criterios administrativos -la antigüedad- establecida por la ley del trabajo, no solo que vulnera el propósito fundamental de la universidad, la formación y producción de conocimiento, sino que renuncia a su autonomía como institución.

De hecho, la intervención estatal sobre la UMSS ha ido in crescendo, desde las regulaciones administrativo financieras que la universidad pública debe cumplir, pasando por la definición de agendas de investigación y formación subordinadas al gobierno central.

Hoy, para la crisis de San Simón, existe el riesgo de una intervención estatal directa en la solución: ya que la UMSS no resuelve su conflicto autónomamente, el estado impondrá la salida. El ex ministro de gobierno Hugo Moldis adelantó algunas: los docentes deben dar examen de competencia, pero no puede haber estudiantes 20 años en la universidad[3][3], esto es, exámenes de competencia para docentes y reglamento de permanencia estudiantil para estudiantes.

SEIS. "Detrás de mí viene el caos"
Esa frase parece sintetizar el temor a los “troskos” que se ha convertido en dominante a lo largo de la crisis; es decir, "si no se acepta nuestra posición y se impone la no aplicación del "waldazo”, lo que se viene son los "troskos", quienes aplicarán el voto universal e instalaran una dictadura estudiantil". Lograr el apoyo mediante el temor, una ideología autoritaria -de cuño judeocristiano-, no es el mejor argumento para pacificar la UMSS. Pero, si hoy ya vivimos una dictadura "stalino-maoista"- para hablar en la jerga de los 80's; de qué estamos hablando?

SIETE. Esperanza son los jóvenes?
Cuando era estudiante estaba extendida la noción que el cambio en la universidad solo podía venir de los jóvenes, como muestra el Mayo Francés, por ejemplo, o la misma revolución universitaria boliviana de 1927.

Hoy, el movimiento estudiantil se mueve entre su adhesión o apoyo a los “troskos” y el “nomeimportismo”, egresar rápido y como sea, incluida esa estafa a la educación como son los cursos de verano o invierno.

Al mismo tiempo, es preciso reconocer que los liderazgos estudiantiles son parte del problema, antes que de la solución. La FUL, hoy dirigida por los trotskistas, no solo tiene un poder simbólico, sino material: no solo que tienen por lo menos 500000 Bs de ingresos semestrales, sino que controlan negocios de fotocopiado, comercio minorista en el entorno del ingreso a la UMSS, la guardería, las becas IDH -que les permite contar con una base estudiantil movilizada bajo esta relación clientelista. Su pésima gestión en la Facultad de Ciencias Sociales, reproduciendo las prácticas clientelistas, autoritarias que critican, está poniendo en riesgo la existencia misma de las carreras de Sociología y Antropología.

Por ello, tendrá que venir un sacudón en el sector estudiantil para lo cual es necesario un movimiento estudiantil autónomo, más allá de la dictadura trotskista, masista, o de cualquier partido de izquierda o derecha, que recupere la autonomía en la UMSS de las logias, caudillos, partidos corruptos.

Qué hacer?
La autonomía es un método organizativo antes que un ideal. Como organizar la UMSS como entidad autónoma? Es el desafío para el futuro congreso y la comunidad universitaria, pero para ello debe desembarazarse de las redes de poder corruptas, herencia del pikuchismo.

El año 2001, el pueblo argentino, cansado de la corrupción de sus gobernantes y del sistema político, sintetizó en esta frase su indignación: ¡Que se vayan todos! La revuelta en el país de Riquelme culminó con la renuncia del gobernante de turno. Necesitamos soñar en otra universidad, que desde su autonomía sea capaz de formar y producir conocimiento. Para ello es necesario aplicar la frase “que se  vayan todos”.

A Francisco Varela le preguntaron su percepción del futuro, él respondió que los días lunes miércoles y viernes era optimista, el resto no lo era. Yo estoy en el mismo dilema, entre la confianza en la posibilidad, o no, de una reforma universitaria, al estilo épico de las generación de 1927 o 1970. Estas reformas terminaron en la reproducción de redes de poder corruptas, aunque permitieron fortalecer la autonomía universitaria

La otra posibilidad, no contradictoria, es estructurar islas de autonomía académica, donde se pueda formar, producir y construir comunidades de conocimiento. Doy un ejemplo, en mi vida laboral dentro la UMSS destaco mi participación del Programa de Desarrollo en Energía Solar (PDES), unidad liderizada por un físico con sensibilidad social, quien estructuró un equipo de profesionales junior y tesistas brillantes, y del cual no solo surgieron las instituciones más importantes en Bolivia del tema energías renovables, ENERGETICA, CINER, sino también emprendimientos privados en el sector (Phocos), académicos y expertos en energía renovables; sus miembros influyeron en la organización de políticas públicas en energía renovables en los últimos 20 años. El PDES logró mantener su autonomía de acción, se conectó con redes de colaboración, en un entorno altamente politizado como es la FCyT, y del cual emergieron resultados altamente productivos.

Creo, con Nelson Ferrufino, que es posible tomar medidas administrativas, sin necesidad de congreso universitario, que podrían transformar radicalmente la academia en la UMSS, y del cual seguramente les hablará mañana; solo menciono uno: organizar las carreras en base a investigadores a tiempo completo, quienes serían la base del plantel docente, y no como ahora con docentes que tienen sus “horitas”, pero no tienen compromiso institucional para construir una comunidad académica.

Finalmente, si se desea reconstruir el tejido de cohesión en la UMSS es necesario quitar el poder corporativo a los gremios, y recomponerla desde las carreras, en un proceso de abajo hacia arriba.



Cochabamba, Noviembre 2015








sábado, 16 de abril de 2016

PRIMERA LINEA. UN EXPERIMENTO DE LOS INDEPENDIENTES DE LA UMSS

Carlos Crespo Flores

La coherencia de medios y fines es un orientador de la práctica anarquista: la sociedad de la libertad de la libertad no se puede construir con medios autoritarios, como la forma partido, es la clásica crítica libertaria al marxismo en sus distintas feligresías.

Por esta razón la literatura libertaria gusta reconstruir y visibilizar las historias de prácticas de libertad y autonomía, de resistencias anti autoritarias, con medios anti autoritarios. Es el proceso lo que importa, más allá de cómo terminan –normalmente recomponiendo la dominación, al Estado y los podres dominantes-; son esos momentos de anarquización de la vida social, de ruptura de la cotidianeidad del poder, donde se visualiza la sociedad que se desea construir. El anarquismo es fundamentalmente una práctica prefigurativa, como afirmaba Buenaventura Durruti durante la revolución española, “a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante".

A principios de los 80’s, en el contexto de la recuperación de la democracia en el país, por tanto de la autonomía universitaria, en la UMSS emerge un movimiento estudiantil independiente, anti partido, que en su momento debilitó el poder de los partidos y jerarquías político partidarias. Si, fue Primera Línea, de la cuál fui parte.

Más allá de como terminó la movida –cooptación del movimiento por parte de los poderes dominantes universitarios-, deseo recordar algunos rasgos de sus orígenes y proceso de estructuración. En el contexto de la entropía en la que se halla el movimiento estudiantil de San Simón, nuevamente capturado por los partidos políticos y su dictadura (sean estos de izquierda o derecha, oficialistas o de oposición), recordar este experimento de autonomía libertaria evidencia que, para el sector estudiantil, existe vida fuera de la forma partido político y “t’ojpas” logieras en la UMSS.

Primera Línea, surge, paradójicamente, de un partido político, Vanguardia Obrera (VO). Luego de la dictadura garcía mesista salía de una crisis interna, con una fracción “fierrera” cubanófila que había escindido el partido. La VO, originalmente de tendencia trotskista, defendía desde tiempo ha, la tesis de fortalecer a la Central Obrera Boliviana (COB) como órgano de poder, dada su experiencia histórica, por tanto con capacidad de liderizar un proceso de transformación anticapitalista en Bolivia. Esta posición, que excluía a la forma partido como horizonte organizativo, chocaba directamente con toda la izquierda boliviana; de hecho, se aproximaba, desde lecturas del joven Trotsky y de Rosa Luxemburgo, hacia una orientación anarcosindicalista. No es casual que en la VO militaran también algunos que se autodefinían como libertarios o anarquistas.

De esa manera, el partido promovía el trabajo en organizaciones de base para convertirlas, se decía, en “órganos de poder”. La militancia, por tanto se metió a realizar trabajo de base en los lugares donde trabajaba, vivía o estudiaba, “suicidando” el partido. Cuando la UDP llegaba al gobierno el 82’, la VO dejaba de existir como forma partido.

Los que estudiábamos en la UMSS nos involucramos en movimientos estudiantiles de base, desde las carreras. Algunos logramos participar de centros de estudiantes, como Sociología, Tecnología. Era el tiempo de las elecciones de la FUL, la UDP tenía su frente, también los maoístas, los trotskistas –como hoy URUS--… y aún los “elenos”. Con otros grupos políticos minoritarios (el PS-1, otras fracciones trotskistas, guevaristas) logramos organizar el Bloque Revolucionario 25 de Julio –BR-25. Días antes a las elecciones, el candidato del frente[1] manipula con los demás grupos, nos excluyen de la lista final, y aparecemos fuera del frente. Con una movida de pasillo, típica de la izquierda boliviana para “·serrucharse el piso”, nos habían eliminado del juego electoral.

Esa experiencia marcó al grupo, profundizando las pulsiones anti partido. El año siguiente nueva elección, en Sociología, habíamos ganado el centro de estudiantes con una lista independiente, con el nombre de Primera Línea[2]. Tomamos el nombre para el frente estudiantil universitario independiente que se organizó en base a una diversidad de colectivos, grupos de afinidad que habían emergido en diversas carreras con la consigna anti partido y la reivindicación de una mirada académica a las luchas estudiantiles, dado que la mayoría de sus líderes eran considerados “buenos alumnos” y académicamente responsables. Y la mecha prendió, en Tecnología, donde se llamaban Izquierda Revolucionaria Autonomista (IRA) o Corriente Revolucionaria Estudiantil Autonomista (CREA) en Economía. Fue desde la conjunción de t’ojpas facultativas independientes que hizo posible, por primera vez derrotar a toda la izquierda boliviana autoritaria, con una lista independiente, totalmente diversa y romántica. El resto es historia.

Lo que unía a Primera Línea era el anti partidismo, el reconocimiento que los partidos políticos eran un obstáculo para cualquier transformación académica y política en la universidad. Para los partidos políticos, el sistema universitario es un espacio más de intervención, de disputa hegemónica, como parte de la estrategia mayor, la toma del poder de Estado, decíamos.

La postura anti partido implicó la reivindicación de otras formas democráticas de base. En el caso de Sociología, el año 1984, se tradujo en la implementación de un nuevo formato de elección del centro de estudiantes, basado en representantes de curso, rompiendo de esta manera el poder corporativo de los partidos, y estructurando una directiva plural. El experimento duró dos años, pues los partidos y grupos de poder retornaron con vigor.

Hay dos rasgos más que solo los menciono. Primera Línea fue el primer grupo en deconstruir la forma de hacer política, pues incorporó creativamente la simbología pop y situacionista del 68’ en su propaganda, e hizo de lo lúdico uno de las fuentes de seducción a la causa independiente. Finalmente, la independencia le permitió abrirse a una diversidad de ideologías y tendencias, desde indianistas kataristas –ese momento racialmente estigmatizados- militantes desencantados, hasta libertarios autonomistas, pasando por liberales de izquierda. Esta convivencia fue creativa mientras duró.

Este es el legado de Primera Línea.





[1] Años después sería ministro de Goni. Como psicólogo, parte del equipo de represión.
[2] El nombre venía de un grupo de acción directa vinculado al movimiento autonomista italiano de los 70’s.


viernes, 15 de abril de 2016

El naufragio de San Simón. Crisis institucional y corporativismo en la universidad pública

Jorge Komadina Rimassa

En 2015, la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) vivió uno de conflictos más prolongados, complejos y dramáticos de su dilatada historia. El problema comenzó el 7 de abril cuando el Consejo Universitario aprobó la Resolución 01/2015 que titularizó a los docentes extraordinarios, obviando el requisito del examen de competencia previsto por su estatuto orgánico. Esta medida fue contestada por la Federación Universitaria Local por medio de marchas, huelgas de hambre y sobre todo por la ocupación del campus universitario que impidió el desempeño normal de las actividades académicas por más de cuatro meses. Uno de los saldos trágicos del conflicto fue la muerte cerebral del estudiante de agronomía John Copaga como consecuencia de una desastrosa intervención policial. El 1 de agosto, el Consejo Universitario dejó sin efecto la aplicación de la mencionada Resolución y los estudiantes levantaron sus medidas. No obstante, de acuerdo al argumento que expondré a continuación, el conflicto de la titularización docente fue apenas el factor desencadenante de una profunda crisis institucional, cuyas causas estructurales  pueden objetivarse en varios planos.

1.      A diferencia de otras situaciones que se produjeron en el pasado, la crisis de 2015 no estuvo determinada por la confrontación entre la universidad autónoma y el gobierno: las causas de la crisis son predominantemente internas. Recordemos que en el pasado la identidad de la universidad se definía por su oposición a los gobiernos de turno, sobre todo durante el ciclo del autoritarismo militar.  Estas condiciones crearon una cultura de conflicto en la universidad pública. En otros momentos históricos, la palabra “autonomía” tenía una connotación subversiva, movilizadora y democrática. La instalación de la democracia representativa y la emergencia de nuevos actores políticos, campesinos e indígenas han desarmado en cierta manera esa confrontación secular. Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), desde 2006 hasta el 2015, este antagonismo se ha atenuado (aunque no ha desaparecido completamente) en razón a la amplia legitimidad del gobierno expresada, por una parte, en las contundentes victorias electorales del MAS y, por otra parte, en el profundo arraigo que ha suscitado el “proceso de cambio” entre las organizaciones de campesinos, indígenas y obreros. Los gobiernos de Evo Morales han cumplido -por lo menos en términos relativos- con el Artículo 93 de la Constitución Política, que establece la obligatoriedad del Estado de subvencionar suficientemente a las universidades públicas, con fondos nacionales.  

2.      En 2015 San Simón vivió una grave crisis de gobernabilidad que en un sentido laxo puede ser calificada como de anomia institucional debido a los vacíos y contradicciones en las normas y reglamentos vigentes. Esta noción no debe ser entendida avant la lettre como ausencia total de leyes, sino como un momento complejo y casi caótico  de transición entre un viejo y un nuevo orden. Las viejas normas han perdido su fuerza y no pueden contener a las nuevas dinámicas sociales, esta situación genera un estado de confusión, según la conocida interpretación de Emile Durkheim.

Sea como fuere. el estatuto orgánico de la UMSS solo se cumple parcialmente y con frecuencia es interpretado de manera antojadiza y sesgada por los órganos de cogobierno. Existen muchas evidencias que sustentan esta afirmación: el sistemático incumplimiento de la convocatoria al Congreso Universitario (que de acuerdo al estatuto debe ser reunido cada dos años) y la aprobación de resoluciones de Consejo Universitario que no le competen según las normas, entre otras. Las reglas no se cumplen, se negocian o eluden sistemáticamente. En consecuencia, el principal desafío es cambiar el estatuto orgánico y los reglamentos estratégicos, adecuándolos al nuevo contexto de la  educación superior en Bolivia y el mundo. 

3.      Este cuadro anómico ha provocado una crisis de legitimidad de las autoridades y de los órganos de poder legítimos de la universidad. Asimismo, la universidad pública ha sufrido la erosión del sistema de creencias y valores que fundan la comunidad académica, esas visiones contenidas en el ideario reformista, forjado en Bolivia desde 1928, han sido sustituidas por una representación de la "U" como un campo de guerra donde moran "enemigos" que deben ser derrotados. De acuerdo a una feliz expresión de Nelson Ferrufino, San Simón ha perdido su Ethos y vive en una situación de anomalía permanente.  

4.      La expresión a la vez más prosaica e insidiosa de la crisis es la encarnizada lucha por el poder universitario.  Ciertamente, el poder es el núcleo estructurador de universidad, y es la clave para explicar el permanente vaivén entre el orden y el desorden. Pero el poder “real” no radica, como sería deseable, en los órganos formales de co-gobierno, sino en la capacidad de presión de los estamentos, las autoridades, los partidos políticos y las facultades. El sistema político interno basado en la autonomía y el cogobierno ya no puede procesar las demandas de los actores ni puede resolver los conflictos en el marco institucional. Las normas internas no se cumplen, sea porque su obsolescencia las vuelve inaplicables sea porque ellas son "negociadas" para satisfacer las presiones de los gremios y facultades. Los cortocircuitos y bloqueos del sistema formal de gobierno han sido reemplazados por una suerte de orden fáctico, clientelar y prebendal, siempre al borde de la crisis, constituido por transacciones y equilibrios entre los grupos de presión. El rasgo predominante del quehacer político universitario es la intransigente lucha corporativa, cuya finalidad es la captura de recursos públicos, espacios de poder, privilegios y canonjías.

En los últimos años los gremios docente, estudiantil y administrativo han fortalecido sus capacidades para agregar demandas y ejercer su autoridad fuera de los órganos formales de gobierno. Es triste decirlo pero las opiniones de los académicos no tienen ninguna relevancia en la toma de decisiones.  Adicionalmente, la inercia en la relación con el Estado y las formas difusas de conexión con actores externos (el sector productivo, por ejemplo) han culminado en escenarios de aislamiento que nuevamente han convertido a la universidad en una torre de marfil que se eleva por encima de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil.

¿Y el movimiento estudiantil? Desde la I Convención de estudiantes universitarios de Bolivia realizada en 1928, el movimiento estudiantil se constituyó en un actor importante en el campo político, particularmente en la década de los años 70 y 80 cuando conformó un bloque democrático con el movimiento obrero; la universidad pública era asimismo un potente emisor ideológico de referencia para los movimientos sociales y los partidos de izquierda.  Pero a lo largo del “proceso de cambio” los movimientos  campesinos e indígenas se han convertido en sujetos protagónicos y han ocupado no solo el centro de la política, sino también del Estado. Este proceso ha provocado la desarticulación del movimiento universitario y ha disminuido la importancia política e ideológica de la universidad, estructurando un nuevo patrón de conflictividad que tiene sobre todo características gremiales. El estamento estudiantil, el actor más elocuente del proceso del largo y accidentado proceso de la reforma universitaria, ha extraviado su horizonte político e ideológico y ha encallado en la política de las “cosas pequeñas”, en la lucha por demandas sectoriales.

5.      La crisis también se ha manifestado en la constante degradación de la función académica, que es supuestamente la  “razón de ser” de la educación superior.  Si bien la ausencia de mecanismos meritocráticos y transparentes de selección docente constituye una variable importante para explicar el deterioro de la calidad en la enseñanza, también intervienen efectivamente otros factores: la masificación, la obsolescencia de los planes de estudio (basados en el modelo de asignaturas aisladas), la separación entre la teoría y los problemas que plantea la sociedad, la debilidad del sistema de investigación, la didáctica memorística. Otra de las facetas de la crisis académica es el predominio de la “función social” (el acceso masivo a la enseñanza superior) en detrimento de lo que puede llamarse la “función cognitiva”. La actual estructura académica, mal que bien, ha sido forjada para procesar la demanda masiva de títulos académicos, es profesionalizante y escolástica; sin embargo, no es adecuada para generar conocimientos, tecnología, pensamiento social, arte y cultura. Aquí también puede aplicarse una de las interpretaciones de la noción de anomia entendida como presencia de objetivos múltiples (e incompatibles) que no pueden realizarse plenamente por las limitaciones institucionales. 

6.      El nuevo contexto social y político que condiciona la labor de las universidades ha sido predominantemente configurado por las transformaciones internas del campo de la educación superior. Dos de ellas son trascendentales. Primero, el crecimiento acelerado de la matrícula universitaria con la incorporación de sectores sociales tradicionalmente excluidos de la educación superior, particularmente estudiantes de origen campesino e indígena; en la última década las universidades públicas bolivianas casi han doblado el número de estudiantes. Aunque este dato puede ser la evidencia de un amplio proceso de democratización en el acceso a la educación superior también puede ser considerado como el principal factor de desequilibrio institucional, una fuente de conflictos internos por el acceso a recursos y una causa del deterioro de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Asimismo, la universidad boliviana se ha diversificado institucionalmente de manera rápida y compleja con la creación de nuevas facultades, carreras, institutos y programas especiales; asimismo, ha diseñado y ejecutado cursos de posgrado en varios campos disciplinarios. Estos procesos han convertido a la universidad pública en un sistema altamente complejo, pero rodeado de incertidumbre por las distorsiones en su sistema de gobierno.    

7.      La UMSS considera al profesor provisional como un empleado de segunda categoría: carece de derechos para postular a cargos de autoridad, su situación laboral es precaria pues debe ser nombrado cada semestre y, por tanto, es objeto de manipulaciones y chantajes por parte de los poderes. Estas condiciones de trabajo afectan sin duda la calidad de la enseñanza pero sobre todo se han convertido en una fuente permanente y peligrosa de inestabilidad institucional. Otra injusticia: a los profesores provisionales se les demanda exámenes de suficiencia y evaluaciones periódicas, cursos de especialización en docencia universitaria, pero no se les reconoce los mismos derechos que a los titulares. Este problema estructural revela pues un fracaso colectivo que se expresa en la falta de una política universitaria de selección docente.

En consecuencia, la titularización de los profesores ya no puede ser concebida como una mera formalidad  que culmina en la otorgación de un derecho de propiedad sobre una cátedra, esta visión es otra de las razones que puede explicar la crisis universitaria. Hoy, en 2016, en la sociedad del conocimiento y la información, la admisión y evaluación docente debe ser pensada desde otro registro, es decir como un proceso permanente de evaluación y perfeccionamiento de las capacidades, habilidades y competencias de los profesores. El desafío en este terreno es cambiar las reglas de admisión y permanencia docente, pero también las visiones y las prácticas académicas cotidianas.

8.      El conflicto forma parte del paisaje de la universidad pública, es casi un ritual cotidiano. En cada gestión académica se producen conflictos que alarman no solo por su cantidad, sino  también porque alcanzan  altos niveles de radicalidad, y que incluso se expresan en situaciones de enfrentamiento y violencia.  En general, los conflictos no resuelven los problemas de fondo, apenas los postergan o los camuflan con arreglos precarios y de corto plazo que poco después se convierten en fuentes de nuevos conflictos. A menudo, las expectativas electorales de los dirigentes gremiales y de las autoridades universitarias contaminan el conflicto e impiden su resolución creativa.

9.      Salvo casos aislados y ciertamente excepciones, la universidad pública no ha logrado resultados importantes y sostenibles con relación a la producción de ciencia y tecnología, una demanda claramente subordinada a la función de titulación como lo subrayé líneas arriba.  Este hecho revela una “separación” con la propia sociedad. Por tanto, el desafío es doble y aparentemente contradictorio. Por una parte, se trata de producir conocimientos en todos los campos, cultura, artes y tecnología; por otra,  le incumbe la tarea de responder a la demanda masiva de profesionalización que también plantea la sociedad.   

En sus relaciones con la sociedad civil también deben precisarse las fronteras de la autonomía universitaria.  La nueva Constitución Política del Estado abre un escenario de oportunidad para diseñar, en el marco de los estatutos internos, espacios y mecanismos de participación de organizaciones sociales (productivas, gremiales, culturales, sindicales, y otras) en la formulación de políticas y sobre todo en procesos de rendición de cuentas de los recursos públicos que percibe. Esta participación fue  una de las demandas estructurales de la reforma universitaria. Sin embargo, la transparencia y rendición de cuentas no puede ser instrumentada políticamente, ni por las corporaciones ni por organizaciones sociales, sino  responder a los marcos estatutarios de las universidades y debe realizarse a base de criterios científicos y técnicos.

Finalmente, estoy convencido de que el conflicto no es bueno o malo en sí mismo, en las actuales condiciones es tan inevitable como peligroso. Lo dañino y perverso son las formas de solucionar los problemas. Por tanto, para encarar soluciones de fondo, es preciso desdramatizar la crisis actual y concebirla como un momento de oportunidad y no de catástrofe. No será una tarea fácil pues la “marca genética” de la UMSS es su indoblegable resistencia al cambio. Esta cultura es su verdadera tragedia.