miércoles, 20 de abril de 2016

De la anomía a la magisterización de la educación superior

 Guido de la Zerda Vega
(Docente - UMSS)

Introducción
Las universidades públicas no han sido estudiadas como culturas políticas. No obstante, su dimensión política ha sido y es su esencia, su naturaleza y su función dominante a lo largo de su historia, sobre todo de aquellas que se remontan en sus orígenes al siglo XIX.
En ese contexto político podemos identificar en Bolivia cinco periodos más o menos delimitados y específicamente explicados, con matices más o con matices menos sobre el desarrollo de la universidad boliviana: 1) la universidad tradicional teocrática: 1830-1930 (Primer momento constitutivo); tradicional político-burocrática: 1930-1971; (Segundo momento constitutivo); la universidad de la centralización política 1971- 1982 (Tercer momento constitutivo); la universidad de la administración tecnocrática y económica 1985- 2003 (Cuarto momento constitutivo) y la universidad de la anomía 2003- …(Quinto y actual momento constitutivo).
Para los fines de estas notas, y por la urgencia de comprender la actual coyuntura enfatizó solamente el último momento constitutivo. En una investigación anterior (2005), todavía inédita desarrollé los momentos anteriores.
La hipótesis que guía estas notas afirma que, la crisis con sus características asumidas el año 2015 (abril-agosto) se decantaron en un sentido estricto ya desde el año 2001. Pues, en el contexto de las elecciones a la Federación Universitaria Docente,  -ese año- la UMSS fue “cercada y encadenada” para impedir su funcionamiento por uno de los frentes docentes que terciaron en esas elecciones en respuesta a los abusos del poder central, digitados desde el rectorado y la secretaria general. Con una virulencia y violencia parecida se paraliza también la  universidad el 30 de agosto de 2002 a raíz de las elecciones a la FUL. A partir  del 2006 el telón de violencia alrededor de las elecciones al rectorado será una constante, ésta se imbricará como una subcultura indeseable e inevitable en el accionar de las dirigencias corporativas. Los cuerpos de choques organizados, ajenos a la cultura universitaria tomaran carta de “ciudadanía” en el campus universitario. De ese modo, la universidad autonomizada y encapsulada se romperá y saldrá al espacio societal de una forma brusca y violenta, es decir con un rostro desfigurado: el rol académico o científico de la universidad será desterrado y será reemplazado por las voces estridentes de sus sindicatos.
La violencia ya no será un hecho aislado ante las injusticias o los abusos del sistema de poder universitario, pues se convertirá en una subcultura que irá destruyendo y corroyendo paulatinamente -en tanto avanza- la cultura democrática y académica, precipitándose la universidad en una anomía generalizada, en la cual las cúpulas de las corporaciones de estudiantes, de profesores y de administrativos aparecen como sus únicos protagonistas.
Esta situación exila de la universidad el debate democrático, y su discurso ya no tendrá referencias científicas, sociales y políticas, constantes que caracterizaron de algún modo a los precedentes momentos constitutivos mencionados. Actualmente, el referente de la universidad es ella misma, con un rostro extraño a sus funciones la Universidad Pública de Cochabamba se mira desconcertada en su propio espejo.
Pero sería poco preciso pensar que “la universidad anómica” esté viviendo en una relación especular consigo misma, sola, aislada y desfigurada, y que haya perdido todos sus referentes con el mundo externo. No es así. Es posible que la universidad se haya vaciado de discurso y que su anomía sea actualmente su característica perversa específica, pero en realidad ella, la universidad obra también como una esponja que absorbe, recrea  y refleja los ribetes peligrosos de la anomía que vive el país, en tanto la primera se descompone internamente.
En todo caso, por ahora se trata de comprender con una mayor atención el quinto momento señalado, en un enfoque más autopoietico y menos vinculante con las otras instituciones del Estado y de la sociedad, aunque en rigor no se pueda ignorar esas relaciones en el análisis.  
1.         Quinto momento constitutivo

1.1  Modelo de la anomía generalizada (2003...)

La universidad pública tiene como relación dominante la enseñanza, es decir, la relación en el aula de alumnos y de profesores. Sin embargo, su función real no se debe a esa relación académica, sino a la efectividad con que cumple su rol de retención temporal y social de una población joven semi-calificada (bachilleres). De no ser así estos jóvenes que asisten a la universidad engrosarían las cifras que nos da el informe del Banco Mundial (2016), sobre 20.000 millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, y que representan el 20% de la población en América Latina entre 15 y 24 años, más conocidos como NINIS (cf. Hoyos, Rogers & Zsékely, 2016:2).

Entonces la retención de niños(as) y jóvenes en la escuela y la universidad en un estado dudoso de aprendizajes efectivos, beneficia directa e indirectamente a la sociedad y a los estados nacionales, puesto que a un costo de un 9,9% respecto del PIB en Bolivia, las “instituciones educativas” controlan al grupo etareo que podría fácilmente convertirse en un peligro real en las calles, “absorbidas por las pandillas y el narcotráfico”, que de hecho ya lo es (Ibíd.), y cuya única apuesta por el futuro, parece ser el acceso a un espacio institucional de aprendizajes largos y formales, que lamentablemente no son una garantía de calidad académica y menos de inserción laboral a posteriori. De ese modo, la escuela y la educación superior aunque separadas organizacional, académica y políticamente comportan problemáticas parecidas y “nuevas exclusiones” aun cuando los sujetos del presente vengan munidos de un capital escolar. 

“La fragmentación social  de la oferta escolar, de no mediar correcciones fuertes, tiende a reproducir la segmentación del mercado de trabajo. Mientras que en la cúspide se ubica una minoría de empleos modernos que demandan una “nueva” fuerza de trabajo dotada de una serie de características tales como creatividad, capacidad de aprendizaje permanente, iniciativa, facilidad comunicativa, predisposición para trabajar en grupo, asumir responsabilidades y tomar decisiones en forma autónoma con bajo nivel de supervisión, habilidad para argumentar, negociar, establecer alianzas, administrar conflictos, en la base de la pirámide ocupacional se encuentra la mayoría de los puestos de trabajo, los cuales están ocupados por sujetos con perfiles de conocimientos y actitudes más bien tradicionales, que conforman el currículum de la educación básica” (Tenti, 2001: 48).

A su vez, este concepto de universidad como un reducto o espacio de retención de determinada población calza perfectamente con el concepto o la lógica de una organización gremial o sindical. Pero no es el gremio que se ha apropiado o descollado por sí mismo, sino que la transición de una universidad de élite a una universidad de masas, sin el correlato y la mantención de su cultura académica, la ha convertido a ésta en un terreno fértil para discurrir dominantemente por la lógica de los derechos gremiales, posponiendo las responsabilidades académicas de profesores y alumnos., y el cumplimiento de nuestras normas básicas.

De hecho, los alumnos asisten a la universidad con un horizonte precario sobre su futuro laboral, corroboradas por exigencias académicas cada vez menos seductoras, en tanto, ellos y los profesores son absorbidos por el remolino de luchas políticas intestinas que cotidianamente plantean las clientelas políticas alrededor del gobierno universitario, distorsionando aún más la situación de la condición estudiantil y de la práctica docente.

En el caso de los alumnos, estos indistintamente de su rendimiento académico pueden permanecer de forma ilimitada en la universidad, y a la vez beneficiarse de los servicios extraacadémicos que presta la universidad: comedor gratuito en el caso de la UMSS (10% aproximadamente de la población estudiantil: 7650 alumnos, Universidad en Cifras, 2014), seguro universal de salud (totalidad de la población estudiantil), que indudablemente ha inducido a una acelerada masificación de la matrícula universitaria en estos últimos años. Un hecho más para concluir que la universidad realiza roles que de hecho son más políticas que académicas, subrogando las obligaciones y competencias que atingen al Estado.

Los profesores tampoco están menos expuestos a las clientelas que el sistema político universitario recrea permanentemente. En realidad la “base dura” de las clientelas esta sostenida en la planta docente. Las más de las veces estos deben secundar a estas clientelas que controlan la sucesión de relaciones de poder para permanecer en la docencia o acceder a algún cargo de poder. En este contexto, cumplir o no cumplir las normas se ha convertido en un hecho  que fluctúa por el capital político que hayan acumulado estás clientelas. A mayor acumulación de poder en las camarillas mayor vulneración de las normas. Así se fueron cristalizando grupos de poder durante décadas, amparados en la organización de clientelas por dones y favores. Así se intentó titularizar a la mayoría de la planta docente por resolución del consejo universitario, vulnerando el reglamento de la docencia.

A su vez, la fragmentación, omisión o violación de la autonomía universitaria ha tomado carta de ciudadanía en las acciones del Estado (aparato jurídico y laboral) con la anuencia de la universidad pública. Las leyes laborales del país se superponen o se cumplen por prelación respecto de las leyes que protegen y sostienen la cultura de la autonomía universitaria. Esta situación supedita el estatuto orgánico a las leyes del trabajo, ignorando que las leyes universitarias internas son las que rigen el respeto, amparo y derechos laborales de los trabajadores administrativos, docentes y estudiantes.

Esta prelación “jurídica” viola el artículo 92 de la Constitución Política del Estado referida a la autonomía universitaria, que se reconoce como un derecho imprescriptible e inalienable en la misma constitución, que implica obligaciones  y reconoce derechos para autoridades, docentes, estudiantes y dependientes administrativos, y que en el marco de la autonomía la universidad es libre de administrar y legislar sus recursos humanos,  materiales y definir sus programas de enseñanza. Pero lo irónico y paradójico, es que esta violación de la autonomía universitaria no se activa por iniciativa del Estado sino por la propia universidad, a partir de las demandas de sus actores en contra de las incongruencias y abusos del sistema político universitario.

El origen de estas incongruencias obedece a que la cultura universitaria crea una jurisprudencia sesgada y políticamente maniquea, supeditada a las circunstancias e intereses de los grupos de poder eventuales o de sus clientelas. Eso significa, que reconoce “derechos” para unos en tanto afecta la de otros. Es decir, que la fragilidad del concepto de ley y justicia dentro de la cultura universitaria está supeditada a los “derechos”, “privilegios” y “canonjías” de sus partidarios o aliados de grupo. Los que toman decisiones al interior de la universidad administran la universidad como una entidad política, ignorando la condición natural de sus miembros, como docentes, estudiantes o administrativos regidos por una misma ley, enmarcada en derechos y obligaciones académicas y científicas como la función principal de la cultura universitaria.

En ese momento, lo sujetos o personas afectadas por una “jurisprudencia circunstancial” acuñada en la lógica de las corporaciones y de sus clientelas políticas se ven presionados a acudir a las leyes del Estado, provocando así un efecto de cuestionamiento inminente del ejercicio y cumplimiento de la leyes universitarias, deslegitimando así a la propia cultura universitaria y poniendo en cuestión la vigencia y potestad de la autonomía.

La universidad al no cumplir y aplicar de forma ecuánime sus normas por ella misma promulgada, abre una brecha de anomía y de rupturas con sus propias leyes que la llevan a exponerse a las leyes “externas del Estado”.

1.2 La anomía y la magisterización de la educación superior

Entre abril y agosto de 2015 la universidad pública de Cochabamba intentó por resolución del consejo universitario titularizar a su planta docente, arguyendo derechos laborales y/o políticos, lo que en términos prácticos denotó una especie “sui generis” de magisterización de la educación superior, es decir, convertir al conjunto de docentes en una  corporación regida por la lógica del sindicato, de espaldas a la vigencia de sus propios estatutos.

En una lectura preliminar se puede decir que este “acto político” no fue tan “sui generis”, ya que parece reflejar una lógica sindical archiconocida que defiende la condición del profesor en las escuelas públicas de Bolivia, cuando éstas sostienen la inamovilidad funcionaria de sus profesores, independientemente de la calidad de los servicios que estos prestan.  Esta situación pone en duda la condición de calidad y de renovación docente, supuestamente sostenido en un sistema de escalafón o de méritos y exámenes, componente central de los reglamentos de la docencia en ambos subsistemas: la educación básica y la educación superior.

Desde sus orígenes la magisterización ha tenido varios rostros y modificaciones en el tiempo. Si conceptualmente el magisterio se entiende como la “enseñanza y gobierno que el maestro ejerce sobre sus discípulos”, en el contexto de su aparición alrededor de las escuelas monásticas y catedralicias como antesala de la primera universidad francesa en el siglo IX, la magisterización fue mutándose y complementándose con acciones directas de los profesores para defender sus derechos de enseñar frente al avasallamiento de “falsos profesores” y los abusos de poder de los cancilleres, obispos e incluso de las decisiones de los Papas de entonces (Cf. Durkheim, 1995: pp. 23-54).

Estas autoridades religiosas decidían qué, cómo y quiénes debían enseñar en estas escuelas. En ese contexto, inicialmente el magisterio restringido en sus acciones al aula fue tomando otros ribetes y rostros acordes a los derechos y prácticas de los oficios de la época. Así nacieron las primeras corporaciones o gremios de profesores, que lucharon por sus políticas de enseñanza propias y defendieron a sus afiliados por sus talentos y su formación, y más aún cuando se hicieron laicas, aunque siguieron funcionando durante varios siglos bajo la autoridad o égida del Papa (Ibíd.).

Nuestra época ha absolutizado y parcializado las funciones del magisterio, restringiéndolo a un organismo corporativo alejado de su función originaria: la enseñanza. Ahora es un gremio que defiende a sus afiliados no por sus conocimientos o destrezas para la enseñanza, sino por su condición laboral y sus derechos al trabajo. Lo sensible de esta visión es que ignora que la capacidad de transmitir o crear conocimiento se sostiene en el trabajo de la abstracción y la formación científica y académica, sostenida en el estudio y dedicación al trabajo intelectual, el cual está expuesto a la evaluación de alumnos y del medio académico.

En ese sentido, un profesor debe ser defendido y ratificado como docente a partir de su práctica de aula y de su producción científica como su condición básica refrendada por su su sindicato. 

En todo caso, para continuar cabe preguntarse: ¿En qué momento la condición académica del profesor universitario se permea con la condición y lógica de un sindicato tradicional? ¿En qué momento la subcultura sindical permea la autonomía universitaria convirtiendo al docente en un sujeto de derechos laborales más que de obligaciones académicas, por oposición a sus reglamentos y estatutos? ¿En qué momento la universidad es confundida con el funcionamiento de una fábrica?

Las primeras formulaciones provisionales para repensar la universidad, pueden ser: 1) La universidad por sí misma ha ido destruyendo las bases jurídicas y legales de su funcionamiento al desconocer sus propios estatutos y reglamentos, 2) la condición docente pasa a ser sostenida en la lógica de sus sindicatos y de los grupos de poder y no en la de sus méritos académicos, 3) los grupos de poder partidarios y/o de grupo han convertido a los docentes y alumnos en una clientela política, 4) la sindicalización de la condición docente al margen de sus reglamentos y normas está atentando la renovación y la defensa de la calidad docente, 4) la calidad docente indefectiblemente está ligada a la aplicación del escalafón docente, 5) la normas o reglamentos del escalafón deben apuntar a evaluar y construir un docente-investigador, el cual debe ser defendido frente al docente de la enseñanza o la mera transmisión. 

Conclusiones y recomendaciones:

La universidad boliviana mantuvo su sentido en tanto esgrimió un discurso referencial, ese discurso fue básicamente político, el cual la relacionaba con la sociedad y la diferenciaba al mismo tiempo del Estado. Esa característica ha desaparecido. La universidad actual se ha vaciado de sentido discursivo, y esa situación no sólo obedece a la crisis de su propia lógica, sino también a los cambios externos que se han suscitado a su alrededor, por ejemplo:

1.    La universidad boliviana ha sido ignorada radicalmente en la Reforma Educativa 070, Avelino Siñani y Elizardo Pérez. A lo sumo se la menciona en el articulado referido a su autonomía. Se han creado universidades indígenas y universidades pedagógicas, militares y policiales sin ningún vínculo con la universidad pública boliviana. No obstante, esta última acoge al 80% o más de estudiantes correspondientes al grupo etareo respectivo, por mencionar una razón vinculante real con la sociedad.
2.    Es necesario una ley de universidades que permita articular mejor las demandas de las universidades con la sociedad y el Estado: 1) el establecimiento de una política de Estado para la universidad, 2) la asignación de recursos extraordinarios para la investigación, 3) el respeto a la autonomía universitaria, 4) la creación de una matriz de investigación articulada al sistema industrial, productivo y educativo del país.
3.    La universidad ya no interpela al Estado, la universidad ya no interpela a su entorno, menos así misma. No está articulada con la economía, las demandas sociales y productivas como formadora de recursos humanos, ni con las necesidades del Estado
4.    Lo que no sabíamos con exactitud es que la década de los noventa en su fracaso por convertir a las universidades públicas en factorías de la economía, en el marco de un capitalismo académico, estás instituciones serían abandonadas “a su suerte” bajo el mando de una burocracia dominante de alumnos, docentes y administrativos que han gobernado la universidad en estos últimos años.
5.    Ya no existe el referente exterior para la universidad: 1) la Iglesia y la oligarquía contra la cual proclamamos la autonomía en 1930, 2) el discurso contra las dictaduras de los años setenta y el viejo capitalismo e imperialismo que encumbró a la vieja izquierda latinoamericana y nacional, dándole una vida casi mítica, se ha difuminado, 3) el neoliberalismo y las exigencias de privatización que las llevó a las universidades a evaluarse para adecuar sus planes a la economía han fracasado, o fueron olvidándose en el camino, en tanto el neoliberalismo lo reculamos de otro modo, al lado del actual capitalismo de Estado, en tanto, las universidades privadas se vuelven protagonistas, amparados por el propio Estado y las exigencias de las clases medias que las vienen poblando como efecto de la crisis de las universidades públicas.
6.    La universidad pública sólo se tiene a sí misma como si fuese un espectro que se mira en su propio espejo, y ese es el origen de la crisis, está volcada sobre sí misma, y esa cultura endógena la ha pervertido y la está corrompiendo, en un mal uso de su autonomía. La universidad tiene que encontrar una nueva identidad y protagonismo en el corazón de la sociedad, de lo contrario la universidad seguirá atrapada en la disputa violenta entre sus gremios, buscando aumentar sus privilegios, por oposición a sus funciones académicas.
7.    Es importante también establecer una política de integración de las universidades públicas, con las privadas, indígenas, militares y policiales en el marco de una política pública.
8.    Es necesaria la articulación del conjunto de universidades de Bolivia a las escuelas de secundaria, para enfrentar los problemas de transición de los bachilleres a las casas superiores de estudio, en el marco de una discusión abierta de los objetivos y planes de estudio con las demandas de trabajo, necesidades productivas y sociales del país.
9.    Sin renunciar a su responsabilidad social, la universidad pública debe profundizar sus funciones académicas y científicas.
10. La universidad pública si se mantiene con sus actuales políticas está lejos de cumplir sus objetivos, incluso sólo de enseñanza.
11. El sistema de gobierno paritario y la condición docente debe paulatinamente avanzar hacia un perfil de méritos académicos.
12. La participación de las personas en el sistema de gobierno debe limitarse a periodos definidos, para evitar la reproducción de clientelas políticas.
13.  Las normas y reglamentos promulgados en el marco de la autonomía deben afirmarse como garantía de la calidad docente y estudiantil frente a las políticas de las corporaciones o gremios universitarios.
14. La autonomía universitaria y sus prerrogativas legales y jurídicas deben ser defendidas frente al atropello de decisiones judiciales, laborales o de otro tipo.


1 comentario:

José de la Fuente Jeria dijo...

Bien Guido, un análisis integral y completo, gracias.