viernes, 14 de febrero de 2014

Ventear gas y responsabilidades. Irregularidades en la gestión de una fuga de gas de YPFB en el Parque Nacional Aguaragüe



 Marc Gavaldà*

Una inverosímil nota, difundida el pasado10 de febrero por Energy Press (1) y copiada en escasos medios especializados, comunicaban “el control de la fuga en el pozo LMS 11, logrado finalmente con éxito el 26 de enero, luego de reiteradas postergaciones, atribuidas a las adversidades del clima reinante en la zona”. La compañía YPFB Chaco informó que personal de Boots & Coots, un equipo especializado en este tipo de accidentes, logró controlar una fuga producida el pasado29 de diciembre.

Con una breve y muy tardía comunicación, la empresa estatal boliviana, operadora del campo Los Monos, pretendía esquivar responsabilidades minimizando el que puede ser el peor accidente petrolero del año en el país. Probablemente también, el peor gestionado.

Anteriormente, una breve nota aparecida el 9 de enero en el Deber, la empresa subsidiaria Boots & Coots informó de su viaje a la zona para estabilizar la “fuga de gas seco debido a corrosión de una tuerca del ‘arbolito’( llave de sellado del pozo)”. Ante los hechos consumados, y la desinformación del caso, surgen a primera vista notables interrogantes.

Emisiones masivas y salto de protocolos

La práctica de venteo de gas, afortunadamente prohibida por las respectivas leyes y reglamentos de hidrocarburos, es una práctica que debería haber dejado de ser modus operandi en los campos petroleros. La liberación de gas metano, cuyo efecto invernadero es 100 veces más potente que el dióxido de carbono, se debe evitar a toda costa. En muchos campos donde la compañía no ha construido gasoductos, abundan los mecheros o quemadores que alumbran la noche en las regiones afectadas por la actividad hidrocarburífera.

Desconociendo aún, debido al intencionado ocultamiento de los hechos, las magnitudes volumétricas de la fuga, es lógico imaginar que éstas serán importantes, a juzgar por las pocas imágenes que has trascendido y la duración de la fuga misma: al menos un mes desde que fue detectada. La inexistente información sobre el caso favorece la impunidad ambiental de la compañía, en caso de enfrentar una conveniente auditoría para evaluar daños y cuantificar de la penalización económica o retirada de permisos, según leyes ambientales vigentes en el país.

Las leyes también son explícitas al establecer unos protocolos de actuación de caso de accidentes, cuya primera acción es informar tanto a las autoridades competentes y a las poblaciones aledañas sobre el alcance del suceso. Por su parte, las autoridades deberían informar a la opinión pública sobre el incidente y establecer si se toman medidas adicionales para proteger a la población.
Es evidente que la compañía optó por ocultar el accidente hasta que no estuvo bajo control.

La contaminación continúa en Aguaragüe

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe fue creado en el año 2000 para proteger los particulares ecosistemas de bosque Tucumano-Boliviano y Serrano Chaqueño así como las nacientes de agua que suministran este importante recurso a los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca. Es una imponente serranía de mil metros de altitud y 150 kilómetros de longitud que cruza todo el Chaco Boliviano hasta Argentina.

Sin embargo, la intensa actividad petrolera está deteriorando visiblemente el territorio, con la masiva apertura de caminos, túneles, gasoductos, pozos, campamentos y otras infraestructuras. Según datos proporcionados por CEDIB, oficialmente existen entre 55 y 60 pozos petroleros. “Pero las cifras no son exactas”- advierte Jorge Campanini, investigador de la contaminación por hidrocarburos de los cursos de agua en el Parque Aguaragüe. “Las comunidades guaraníes han localizado muchos pozos paralelos que ni salen en los mapas”.

Desde 2011, YPFB anunció la remediación de los pasivos ambientales generados por una pésima gestión de abandono de los pozos perforados en la década de 1970 y 1980. Se identificaron 37 puntos críticos con emanaciones permanentes de petróleo, concentrados sobre todo en los campos Sanandita, Caigua y Los Monos. Por ejemplo el pozo San-X-3, según Wilson Cejas, guardaparque del Área, desagua directamente en la quebrada de Chorro, la cual abastece el consumo humano, de animales y riego de tres comunidades: Sanandita Vieja, El Chorro y Sachapera.

Sin embargo, la supuesta reparación ambiental de YPFB, ha dado paso a una intensificación de la actividad petrolera en la zona de forma ilegal. Según testimonios documentados en la comunidad guaraní Caigua, YPFB Chaco, estaría vulnerando los derechos de las comunidades al hacerles firmar actas para permitir la remediación de los derrames. Con ella, la compañía abre nuevos accesos terrestres a la zona y perfora un nuevo pozo a pocos metros de donde realizan la pretendida reparación de los suelos contaminados.

Los Monos como ejemplo
La situación de avasallamiento petrolero en el Parque Nacional Aguaragüe se agravará en un futuro inmediato por las tareas que van desarrollando las empresas YPFB Chaco y Petroandina que ya cuentan con contratos sobre el Área. Además se suma el suscrito el año pasado con la empresa Eastern Petroleum and Gas (China) y la solicitud de un nuevo contrato por la NIOC (Irán). La probabilidad de accidentes como el ocurrido en el pozo Los Monos 11, cuyas emisiones a la atmósfera durante semanas han sido ninguneadas, aumentarán. Los hechos ocurridos, generan preocupación en el país, teniendo en cuenta los planes gubernamentales de apertura hidrocarburífera en áreas protegidas. Importantes áreas de biodiversidad mundial, como los Parques Nacionales Carrasco, TIPNIS, Madidi, Pilón Lajas, Iñaoo el propio Aguaragüe, ya hace años que tienen concesiones.(2) En 2014, le ha tocado el turno a la Reserva Manuripi, entregada a para que dos empresas chinas exploren sus profundidades.

* Investigador visitante CESU-Universidad Mayor San Simón

Notas:
(1) “Logran controlar fuga de gas en el pozo Los Monos”, Energy Press (10/02/2014). http://www.energypress.com.bo/index.php?cat=278&pla=3&id_articulo=5685#.Uv15XPb9sy4



 Imágenes del pozo Los Monos

miércoles, 5 de febrero de 2014

Misicuni y el misterioso señor Martin Rovira



Carlos Crespo Flores

 A principios del pasado año, en un evento en el consejo universitario de la UMSS, por los 20 años de cooperación suiza apoyando el tema agua en Cochabamba, el presidente de la empresa Misicuni fue invitado como orador; en la fase de preguntas, el que suscribe estas líneas sintetizó las dudas, incertidumbres y denuncias que varios profesionales, ambientalistas, entes colegiados, políticos han señalado respecto a este proyecto soñado  por la cochabambinidad. Mientras prometía que el proyecto estaría concluido a fines del pasado año, el Ing. Alvarado acusó de “especulador” a las observaciones realizadas, exactamente como hoy se estigmatiza a quienes han expresado disidencias respecto al proyecto mismo, y la forma como se lo ha manejado.

La presa no se ha concluido en la fecha prometida, por tanto las dudas y preguntas quedan y se ahondan. Esta vez deseo referirme a otro aspecto de la tragedia Misicuni. El misterioso señor Martin Rovira.

Los que escuchamos el informe del Ing. Jorge Alvarado ante la asamblea departamental hace dos semanas, acerca del estado de la obra y el proceso de rescisión del contrato con el consorcio múltiple Misicuni, hemos salido preocupados, mucho más luego de escuchar las denuncias del asambleísta Henri Paredes. Veamos.

Que tienen en común el mega proyecto hidroeléctrico Rositas/Rio Grande, el parque Eólico Collpana, la carretera Toledo - Ancaravi y el proyecto múltiple Misicuni? Que en todos estos proyectos aparece el nombre de Martin Rovira Rada como responsable legal o de negocios de las empresas contratistas. Como es posible aquello?

Paredes, con documentos en mano, señaló los vínculos y negocios del Sr Rovira. Efectivamente, más allá de que la denuncia haya sido presentada por un miembro de la oposición, Rovira es el personaje que puede dar luces sobre una trama oscura, que puede tener conexiones con las más altas esferas de gobierno.

Como se sabe, Rovira Rada es el representante legal del consorcio Misicuni, con quien hoy el gobierno, a través de Alvarado, está negociando la rescisión del contrato. En más de una oportunidad la empresa y la misma prensa local ha informado la dificultad de ubicar al misterioso Sr. Rovira; pero, el mencionado está vivito y al parecer pasándola bien.

Martin Rovira es representante de una empresa que a estas alturas del partido, se puede afirmar, ha estafado al departamento de Cochabamba. Al estilo del consorcio Aguas del Tunari, creado en un paraíso fiscal con un capital simbólico para adjudicarse una empresa de agua que valía millones de dólares, uno de los orígenes de la guerra del Agua, el de Misicuni tiene entre sus socios empresas que tienen como oficina central la misma dirección en Bogotá, aunque un par de ellas se dice que son venezolanas (Vialpa SA, Change Consulting Group Colombia SA, Gerencia de Contratos y Concesiones y Obresca CA) . El viejo estilo de sociedades "truchas" para hacer negocios en Bolivia se reproduce.

Lo interesante es que el año 2009, la empresa CCI SRL (con la cual Rovira participa en el consorcio múltiple Misicuni) junto con Grandi Labori, la empresa italiana socia mayoritaria del consorcio, y la empresa Bartos, se adjudicaron la construcción de la carretera "Toledo- Ancaravi, por un monto de casi 24 $US millones; el representante legal era Martin Rovira. Al igual que en Cochabamba, a pesar de haber recibido un adelanto, las obras no avanzaron, teniendo que rescindir el contrato. Que poder tiene esta empresa para no ser penalizada por tales incumplimientos?

Ahora, la cereza en la torta. En premio a sus acciones en Cochabamba y Oruro, Rovira hoy es representante de negocios en Bolivia de la empresa Hydrochina, la misma que ha construido el parque Eólico de Collpana con un valor de $US 7.6 millones –cuando en realidad vale $US 7 millones-, y acaba de adjudicarse el proyecto hidroeléctrico de Rositas en el Rio Grande, En el caso de Rositas, proyecto con un valor de aproximadamente $US 1500 millones, Hydrochina ha elaborado gratis el proyecto de factibilidad, donde elevan la capacidad de la planta, de 400 a 600 MW; que buenas personas los chinitos, no? En realidad los costos de esta fase serán compensados en la siguiente, de implementación y funcionamiento. Se sabe que Hydrochina está negociando la adjudicación de otro megaproyecto hidroenergético, Cachuela Esperanza. La pregunta inmediata es, quien es este señor Rovira que parece tener influencia enorme en las redes del poder gubernamental para estar involucrado en los proyectos energéticos más grandes de este país? Quien está detrás de él?

Por su parte, Cochabamba sigue ilusionada con el proyecto Misicuni, hoy convertido en coto de caza electoral de moros y cristianos. A pesar del optimismo de Alvarado, quien ha prometido a la asamblea departamental que en octubre-noviembre estará concluida la presa, no hay que ser ingeniero para darnos cuenta que es solo una retórica electoral, pues el consorcio saliente seguirá dando batalla jurídica, mientras tanto es difícil reiniciar obras normalmente; no es posible realizar las obras paralelamente; si se logra terminar la represa debe acumular agua, proceso que dura no menos de 5 meses. El 2016 recién podemos hablar de un final feliz de esta segunda etapa del proyecto -la primera fue el túnel; pero esto no lo dirán nuestros gobernantes. Mientras tanto el costo de la presa seguirá creciendo (hoy en más de $US 90 millones; de hecho, Alvarado adelantó que requerirá nuevos $US 40 millones), y los decididores de la obra seguirán acusando a los críticos de este nuevo engaño, como "aventureros", "especuladores". Pero la pregunta continuará: quien es el Sr. Martin Rovira Rada?

Imágenes de arriba abajo. 1. Paerque eólico Qollpana. 2. Tramo Toledo Ancaravi, parte de la carretera IIRSA Oruro- Pisiga. 3 Misicuni, proyecto múltiple de agua y energía, en Cochabamba. 4. Rositas, mega proyecto hidroeléctrico en el Rio Grande. En todos estos proyectos, corruptos, Martin Rovira es representante legal o de negocios.