Carlos Crespo Flores
Las interpretaciones dominantes de la Guerra
del Agua de Cochabamba oscilan entre los que definen "el proceso de
cambio" liderizado por el presidente Evo Morales, como heredero de la revuelta
valluna del agua el 2000; y por otro lado, desde el liberalismo de mercado, afirmando
que la de Cochabamba fue una “guerra contra el agua”, pues no resolvió los temas
principales que generó el conflicto: universalizar el servicio de agua y
saneamiento con calidad y cantidad, transparentando la gestión hídrica.
A quince años del conflicto del agua, es
posible hablar de un legado, no solo referido al futuro del acceso y uso del
agua y sus servicios en la región, sino también su importancia para la acción
colectiva.
El primer legado
es la satisfacción de necesidades, humanas y de la naturaleza, donde el agua
constituye un dispositivo fundamental. La guerra del agua tuvo dos demandas
específicas: rescindir el Contrato con “Aguas del Tunari” y la anulación de la
Ley de Agua Potable y Saneamiento Básico No 2029. Ambas fueron obtenidas, pues el
contrato con el consorcio fue rescindido, y la ley fue sustituida por la N º 2066 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario, hoy vigente; pero, con la movilización no se ha garantizado
la satisfacción adecuada de necesidades con el agua. Actualmente, en la ciudad
de Cochabamba la cobertura de agua potable por parte de la empresa SEMAPA (47%)
es menor que antes de la privatización del servicio en 1999 (57%) y en
alcantarillado tampoco se ha avanzado mucho (54%); las pérdidas de agua siguen
por el 50 % y hay zonas, particularmente en la zona sur, que reciben solo unas
horas algunos días a la semana. Lo más grave: todo esto con participación
social, vía presencia de la sociedad civil en el directorio, que terminaron
legitimando y participando de la reproducción de la estructura corrupta en la
empresa de agua. Tampoco ha protegido los sistemas de agua agrícola,
debilitando seriamente la agropecuaria en el valle cochabambino. Finalmente, la
institucionalización de la guerra del agua, esto es, su apropiación por parte
de los poderes dominantes, involucró, con alguna excepción, la articulación de
los principales líderes de la Coordinadora del Agua al sistema político formal,
sean de izquierda o derecha; unos ingresaron a partidos políticos, otros como
autoridades públicas, parlamentarios.
El contenido autónomo y antiestatalista de
la Guerra del Agua es otro legado a tomar en cuenta. Fue el “corto verano de la
anarquía” para los cochabambinos, pues durante los días de crisis, entre noviembre
de 1999 y abril del 2000, el Estado no existía, la gente había tomado las
calles y plazas; El movimiento del agua tenía dominio territorial de la región,
estructurándose verdaderas zonas autónomas del Estado. Se auto organizó para la
resistencia, pero también evitar la escasez de alimentos; la solidaridad y el
apoyo mutuo durante esos momentos de esplendor, como gusta afirmar el ácrata Soñador
Social, son parte de la memoria del valle, que el Estado no recuperará, pues
son su negación. Con diez años de anticipación, Cochabamba experimentó lo que
sucedería luego con los movimientos Occupy Wall Street, Indignados y las
revueltas griega y árabe. La Guerra del Agua no formaba parte de una estrategia
hegemónica, de toma del poder de Estado, como sostiene la historiografía
oficial del MAS, sino la demanda de la gente por un mejor acceso y uso de agua
y sus servicios, a partir de cuestionar la privatización y mercantilización del
agua, incluyendo la corporatización; de hecho, el carácter antipartidario del
movimiento es un hecho a destacar. Esta capacidad de cooperar y tener dominio
del territorio, fuera o más allá del Estado, puede retornar en cualquier
momento, y es lo que teme el Poder.
Un tercer legado es que la revuelta del
agua en el valle inspiró al movimiento anticapitalista/antiglobalización, a
partir de Washington en abril del 2000, cuando Oscar Olivera y activistas de la
Coordinadora aparecen en las manifestaciones/concentraciones con gran impacto,
pues se trataba de un movimiento de resistencia exitoso contra una corporación
privada estigmatizada, Bechtel, ese momento principal contratista de la
reconstrucción de Irak. Más aún, en la demanda de Bechtel ante el CIADI también
salió derrotado, pues gracias a la presión internacional del activismo
internacional, Bolivia no tuvo que pagar la compensación millonaria que
demandaban por la ruptura del contrato. Este ejemplo no fue continuado: hoy, el
gobierno del socialismo comunitario ha pagado compensaciones multimillonarias
por la nacionalización de empresas estratégicas, empezando por Aguas del
Illimani en la ciudad de La Paz.
