miércoles, 20 de mayo de 2015

In memoriam de Liber Forti. DESORDEN, CAOS Y ANARQUÍA EN CORIPATA (Sindicatos anarquistas en los yungas bolivianos)



      
Marcelo A. Maldonado Rocha

In memoriam de Liber Forti

Yo siento que él se fue debiéndome un “té con limón”, pues no tomaba café porque estaba viejo, y que su presencia en una foto con la que me tope me dio la posibilidad de conocerlo rebasando al mezquino azar y a sus amigos que no quisieron poner su existencia ante a la mía, con la evasiva de que “los anarquistas de este país eran todos unos oportunistas”.
 
Alguien comentó que Liber fue linotipista de los manifiestos de la F.A.D., aunque su nombre no aparece en ningún documento, ni nunca fue mencionado en los libros de actas, ni existe noticia de que haya colaborado con los anarquistas que sublevaron, o se sublevaron junto a, los indios. Repito, el azar fue mezquino y no me dio la oportunidad de conocerlo, si lo hubiera tenido ante mi le hubiera preguntado ¿Qué sintió cuando los anarquistas presos en San Pedro mantenían férreamente su filiación libertaria? ¿Le aclararon que entendían por anarquismo unos artesanos aymaras que parecían estar más propensos a la acción directa? ¿Por qué y cómo se tomaron aquella foto con los agitadores profesionales, no se le paso por la cabeza que la policía podía etiquetarlo como uno de ellos?

En el transcurso de 1946 la “plenaria anarquista”, que reunía a la Federación Obrera Local y la Federación Obrera Femenina, extendió sus actividades al agro retomando ensayos de décadas pasadas con la intención de enlazar la acción directa anarco-sindicalista con las formas de organización, resistencia y lucha de comunarios aymaras en combate contra un estado señorial, excluyente y terrateniente.[1] El experimento tomó la sigla de Federación Agraria Departamental organizando Uniones Sindicales de Labriegos en provincias de La Paz. El hecho de que la ola de sindicalización arribara en Yungas es signo de la fortaleza del movimiento, por tanto este texto comparte la información localizada (se observarán diversas fuentes: periódicos, actas y manifiestos, siendo la más relevante una “querella criminal” interpuesta a los “agitadores profesionales”).

El 7 de junio de 1947 entre “actos de barbarie” y “sublevaciones” vinculadas a la presencia anarquista en el altiplano, la Sociedad de Propietarios de Yungas (filial de “la Rural”)[2] hizo pública una “querella criminal” encauzada a “agitadores profesionales”, quienes habían trasladado “el desorden, el caos y la anarquía” de las proximidades del Titicaca a los Yungas. El calificativo de “agitador profesional” apuntaba directamente a los anarquistas que promovían la sindicalización rural (1946-1947)[3] a quienes se atribuía un sinnúmero de delitos (apropiación de haciendas, asesinato e intimidación de propietarios y desacato y agresión a policías), aunque la mayoría no eran sino montajes, exageraciones de hechos aislados y denuncias viciadas a fin de desterrar a sindicatos que levantaban filiales agrarias (en mayo de 1946 las federaciones anarquistas acreditaron una delegación encabezada por Marcelino Llanque para llevar el sindicalismo libertario al campesinado de todo el país, dicha aspiración se restringió a comunidades y haciendas de La Paz). Empleando la figura de querella criminal la Sociedad de Propietarios de Yungas alertó a autoridades policiales de que los anarquistas ganaban elementos entre comunarios y colonos de Nor-Yungas e invocó a las laboriosas cuadrillas policiales que eficazmente reprimían focos de agitación.[4] La demanda hábilmente confeccionada e interpuesta por J. Gamarra solicitaba “garantías” ante la inminente sindicalización y presencia de anarquistas en la región y a fin de “dar fe” evocó los crímenes que se les imputó a los anarquistas (específicamente se hizo referencia a los sucesos de Anta, donde los colonos ajusticiaron al administrador de hacienda,[5] y Topohoco, donde los anarquistas de la “escuela Quilluma” agredieron y asesinaron a policías).[6] Un apéndice de la querella advertía de la presencia de agitadores profesionales:

"El señor José Gamarra, en su calidad de presidente de la Sociedad de Propietario de Yungas, ha presentado ante las autoridades judiciales, una querella criminal contra elementos agitadores e instigadores de sublevaciones indígenas en la región de la Provincia de los Yungas. La querella en sus partes salientes expresa: Desde hace algún tiempo ciertos agitadores profesionales vienen sembrando el desorden, el caos y la anarquía en el agro, con pretexto de sindicalización de indígenas, levantan a los colonos, los inducen a la desobediencia, al desconocimiento de la ley y las autoridades legítimamente constituidas, en el camino de la más franca y descarada rebelión. Esta agitación constante señor fiscal, viene a perjudicar con caracteres pavorosos el trabajo agrícola, presintiéndose ya años próximos de escases y miseria por falta de producción debido a esta obra de solevantamiento y rebelión."[7]

La querella cuando hace referencia de agitadores profesionales apuntaba directamente a la plenaria, que se reunía en su sede de la calle Murillo, como la gestora del “desorden, el caos y la anarquía”, no obstante dicha denuncia no era del todo descabellada. Semanas previas la plenaria había designado a Francisco Castro A. para que encabece una comisión de sindicalización en los Yungas. Castro, previo a que sea enviado a Coripata, fue pieza fundamental para la eclosión sindical (colaboró en la sindicalización rural desde mayo de 1946,[8] formando el Núcleo de Capacitación Sindical y siendo responsable de los sindicatos en Guaqui y Tabacal-Coripata). Extenuado por las denuncias de propietarios de haciendas del departamento, el Sr. Agudo, quien encabezaba la Brigada Departamental Policial, ordenó el allanamiento de la sede folista (“Hace algún tiempo las autoridades de la Policía tenían conocimiento de que los principales instigadores para las sublevaciones indígenas eran los dirigentes de la F.O.L. Ayer se tuvo conocimiento, de que procedentes de Caquiaviri y Comanche, llegaron muchos indígenas a objeto de recibir instrucciones para continuar la sublevación”).

Según informó el Sr. Agudo, se había recibido el “parte” de que la noche del viernes se reuniría la plenaria con la presencia de delegados provinciales a fin de coordinar tácticas de masificación sindical y sublevación, razón por la que ordenó el envío de una cuadrilla policial para que irrumpa la reunión, utilizando armamento disuasivo: gases lacrimógenos y armas cortas, y se detenga a los asistentes (“[se] ordenó el allanamiento del local […] En virtud de esta medida fueron arrestados setenta y dos sublevados, secuestrándose algunos documentos y volantes que merecen un sereno estudio”). El operativo resulto eficaz, deteniéndose a setenta y dos instigadores (tres de los detenidos -Escobar, Castro y Aguilar- señalados de “peligrosos agitadores”) todos enviados al panóptico de San Pedro:

"[…] han sido detenidos preventivamente en la Penitenciaría Nacional de San Pedro los dirigentes de la Federación Obrera Local, Modesto Escobar[agitador en Omasuyus, Pacajes, Los Andes, Lanza e Ingavi], Francisco Castro Aguilar [agitador en Ingavi (Guaqui) y Nor Yungas (Coripata)] yHugo Aguilar Manzaneda [agitador en Los Andes][9] secretarios de organización, hacienda y actas respectivamente de esa entidad. La orden de detención preventiva ha sido expedida por el juez del crimen […] como sindicados en el proceso que sigue el Ministerio Público por la sublevación indígena […] y los actos de violencia que se cometieron en este levantamiento de campesinos".[10]

Para la plenaria el allanamiento era una “estúpida reacción” de los propietarios quienes presionaban a la policía para que detenga y torture a delgados a fin de viciar y manipular declaraciones (“Pretendiendo obtener pruebas de hechos y de intenciones inexistentes, en el Departamento Central de Policía […] se está torturando con la aplicación de la picana eléctrica y ultrajes a los compañeros detenidos y en los casos de Evaristo Mamani y Marcelino Quispe (secretario F.A.D.) no se contentaron con la aplicación de la corriente sino que también los maltrataron con golpes de manopla”), corrompiendo a un poder judicial rastrero que malintencionadamente favorecía a las querellas. La F.A.D. denunció el allanamiento, solicitó la libertad de detenidos y decretó una “huelga general”…

"El día viernes 23 de los corrientes, a las 23:30 horas, mientras se hallaban, como de costumbre, sesionando las delegaciones de nuestros sindicatos, irrumpieron brutalmente en la sala de reuniones de la Federación Obrera Local, Murillo 284, agentes civiles y uniformados de la Policía de esta ciudad, previos disparos de gases lacrimógenos y esgrimiendo armas cortas como dispuestos a un combate con pistoleros. A patadas y empujones hicieron desalojar el local y luego de ultrajar a nuestros compañeros, entre las que se hallaban tres mujeres campesinas, los llevaron a las diferentes seccionales […]
1.-Exigir la libertad inmediata de todos los compañeros detenidos; de todos, porque la injusticia hecha a uno de los nuestros es una injusticia hecha a todos. 2.- Exigir todas las garantías necesarias por parte del Estado para que el derecho de sindicalización sea una realidad en este país, sobre todo entre el campesinado que siempre ha sido el más escarnecido y pisoteado. 3.- la Federación Agraria Departamental decreta en principio, la huelga general de todos sus adherentes a raíz de los acontecimientos señalados […]."[11]

Una vez tomadas las declaraciones de los detenidos en San Pedro lo manifestado por Castro provocó sobresaltos en el juez encargado de tomar las indagatorias, ya que Castro aportaba evidencias a la querella interpuesta por Gamarra y los propietarios yungueños…

"El secretario de hacienda de la F.O.L., Francisco Castro Aguilar, respondiendo a las preguntas del juez del crimen y del fiscal, Dr. Ángel Cordero, manifestó que cuando se produjo la sublevación de Caquiaviri él se encontraba en los Yungas organizando los sindicatos de campesinos y posesionando sus directorios, agregó que en Coripata organizó diez sindicatos de campesinos y tres de mujeres “con el objeto de levantarlos y darles educación”.[12]

Diminuto aunque corpulento de libertad, Castro rechazo la imputación de partícipe de los crímenes que supuestamente planificaron en Anta, Topohoco y demás, señalándolos de meros montajes, empero no rechazo la imputación que le daba el rótulo de “agitador”, es más con profundo pundonor manifestó la causa que propiciaba su cruzada “levantarlos y darles educación”,[13] declarando que posibilitó la creación de trece sindicatos en Coripata (diez agrupaban a varones y tres agrupaban a mujeres). Los tres sindicatos femeninos fueron un evento único, fundacional e inherente a las circunstancias de Coripata, pues la sindicalización femenina solamente se daría en Nor Yungas, teniendo en cuenta que la ola sindical anarquista sucedida entre 1946-1947 afilió a casi tres mil indígenas en veintiocho Uniones Sindicales de labriegos en Pacajes, Omasuyus, Los Andes, Lanza, Ingavi y Nor Yungas, estableciéndose solamente en Coripata uniones sindicales femeninas.

Acerca de los sindicatos de mujeres, la Federación Obrera Femenina holló las páginas más notables del anarquismo en Bolivia,[14] aglutinando a cholas del mercado, trabajadoras del hogar y oficios varios, coligando las demandas derivadas del diario vivir y la inexcusable dignificación del trabajo femenino: “El carácter concreto de las demandas de estos sindicatos y el gran arraigo de base que consiguieron con su prédica dignificadora del trabajo de la mujer y contestataria frente a los abusos de la autoridad, permitió que éste impulso organizativo se extendiera hacia otros sectores”.[15] Sin embargo, la federación femenina restringió su labor entre las mujeres de la urbe paceña y no se llegó a conocer si se solidarizó con los sindicatos femeninos de Coripata aunque se conoce que enfrentó inconvenientes y contratiempos para concretar su apoyo federativo a la emergente F.A.D. (“La Secretaria General de la F.O.F. hace conocer a la asamblea de que no puede firmar el pacto con la F.A.D. y la F.O.L. por motivos de que sus delegados no estaban informadas sobre el pacto con las Federaciones [pero] ella no estaba autorizada para firmar pero si está de acuerdo para el pacto con la F.A.D.”).[16]

La presencia de uniones sindicales en Coripata es incuestionable pues existen documentos e informes sobre su condición y desarrollo, aunque no se encontró detalles e información extensa y pormenorizada de la huella anarquista en la región. Además de lo presentado, se localizó una denuncia ante la plenaria en relación a la persecución y hostigamiento de la Sociedad de Propietarios de Yungas y la policía ya que en Coripara se recurrió a suplicios a objeto de inferir el domicilio de los delegados para escarmentarlos por la sindicalización (“Llegó el compañero delegado de Coripata para informar que el día jueves han sido apresado 17 campesinos por parte de los soldados y que fueron amarrados con la soga en el cuello para que muestren la casa de C. Simón Arias, delegado del Sindicato de Coripata”).[17]

Las aseveraciones de Castro en medio de la querella criminal son el mejor descargo de la presencia anarquista en Coripata, a causa las imputaciones Castro y los otros anarquistas fueron encarcelados en el panóptico de San Pedro.[18] Ninguno de los detenidos fue doblegado por los métodos punitivos del estado, más al contrario, Castro defendió casi un año después y desde la cárcel su espíritu indomable y la cruzada libertaria impulsada…

"Al saludar a los compañeros libertarios del mundo, felicito a todos los trabajadores que, pese a las cárceles, las torturas y la muerte, continúan la lucha por la Revolución Social, por esa Revolución que por ley evolución tiene que llegar, trayendo entre sus brazos el canto de Amor, Fraternidad, Igualdad y Libertad. En éste día grande, sólo pedimos que la justicia acelere los procesos instaurados por los feroces gamonales, y nos abran las puertas de la libertad porque tenemos derecho a ella, nuestro único delito es amar a la Justicia y la Libertad, querer que el indio, ese hermano nuestro, se supere y sepa comprender el valor de la existencia".[19]

La querella interpuesta por propietarios llegó a ser el “argumento legal” requerido por las autoridades policiales para allanar la sede anarquista de la calle Murillo, detener y torturar a delegados sindicales (quienes luego serán desterrados al rio Ichilo de donde muchos no volvieron) y extinguir para siempre “el desorden, el caos y la anarquía” entre trabajadores y trabajadoras rurales y de la ciudad. Las medidas punitivas derivadas de la querella interpuesta por “feroces gamonales”, además de la detención de los anarquistas, ocasionó la disolución del anarquismo organizado en nuestro país ya que a consecuencia de las detenciones el presidente en ejercicio (Dr. Enrique Hertzog) decretó la ilegalidad de los sindicatos rurales, la creación de la “Policía Rural” y el confinamiento de agitadores al rio Ichilo.

[1] Los Caciques apoderados (Santos Marka T´ula) y la F.O.L. (Luis Cusicanqui) en los años 20 del siglo pasado.
[2] Sociedad Rural Boliviana (organización que velaba por los intereses de propietarios de fundos agrícolas).
[3] Los anarquistas componían la: Federación Obrera Local, Federación Agraria Departamental y la Federación Obrera Femenina
[4] A consecuencia de declarar la presencia anarquista en Coripata, Nor- Yungas (junto a Pacajes y Los Andes) será señalada como “foco de agitación”. Las tres provincias serán marcadas como las guaridas desde donde se diseminó un plan de “cercar a la ciudad de La Paz”, atacando lugares estratégicos con el fin de liquidar a los patrones, revertir las tierras y establecer un “gobierno campesino”. Un informe policial mencionó:
[…] “el general” Esteban Quispe Yujra, haciendo gala de su valentía, planeo atacar primeramente la hacienda Igachi, de la comprensión del Puerto Pérez, después les insto a cercar la ciudad de La Paz, indicando en forma vehemente que primero debían tomar la base aérea de El Alto, y destruir los aviones con palos y piedras y que los indígenas de los Yungas y la Provincia Murillo debían atacar por Rio Abajo, en forma simultánea con los del Altiplano. En dicho conciliábulo, recalcaron de forma insistente que la finalidad que persiguen, es matar a los patrones, para conseguir la reversión de las tierras, en favor de los indígenas; además manifestaron que estaban amparados por la Federación Obrera Local y que sus dirigentes […] estaban desplegando una propaganda franca y abierta, para subvertir el orden público y para imponer el “GOBIERNO DEL CAMPESINADO” (LA RAZÓN, Domingo 15 de Junio de 1947 Pág. 5).
[5] “Los colores de referencia hacen suponer que se trata de una organización anarco-sindicalista, ya que los hechos consumados prueban el plan desplegado para amedrentar al campesinado y así obtener su sindicalización […] cuando se [realizaba] el sepelio de los restos del administrador Andrés Montes, se presentó una gruesa columna de indígenas sublevados de Anta, en estado de embriaguez y luego de recorrer las calles con vítores al sindicato y amenazas […]” (LA RAZÓN, Sábado 31 de Mayo de 1947, pág. 5).
[6] Cf. QUILLUMA: huelgas anarquistas y escuelas rurales (EL SUEÑO CATASTRÓFICO DE LA FEDERACIÓN AGRARIA DEPARTAMENTAL).
[7] LA RAZÓN, Sábado 31 de Mayo de 1947, pág. 5.
[8] Acta 24 de Noviembre de 1946.
[9] Las referencias entre corchetes son del autor.
[10] LA RAZÓN, Sábado 7 de Junio de 1947 Pág. 5.
[11] (HUELGA GENERAL/ Federación Agraria Departamental (Adherida a la F.O.L.)/ A nuestros hermanos labriegos y a todo el pueblo. El comité de huelga, La Paz, 29 de Mayo de 1947).
[12] LA RAZÓN, Sábado 7 de Junio de 1947.
[13] Acerca de porqué los folistas dieron tanta prioridad a la empresa de “educar al indio”, cayendo incluso en una suerte de colonialismo interno, veamos cuál fue la justificación de los anarquistas: “Para el anarquista, el asunto de la educación debe ser un sentido racional, elevado, fuera de los prejuicios religiosos, con un carácter más científico, más humano. Ese es el verdadero sentido de la educación, que los anarquistas querían encarrilar de acuerdo a la misma doctrina del socialismo libertario; se trataba de reventar completamente los prejuicios” (José Clavijo, Secretario de Prensa y Propaganda de F.O.L.-1947).
[14] “En 1927 se fundó el Sindicato Femenino de Oficios Varios, integrado por mujeres vinculadas a las principales dirigentes anarquistas […] La actividad organizativa de las mujeres se extendió a varios gremios: culinarias, lavanderas, lecheras, floristas y vendedoras de los distintos mercados. Si bien inicialmente el Sindicato Femenino parecía estar subordinado a las directivas de los varones; pronto descollaron en él mujeres de gran personalidad, que le imprimieron un sentido más autónomo” (Rivera, 2005, 45-46).
[15] Rivera, 2015, 79
[16] Acta del 22 de Diciembre de 1946.
[17] Acta del 2 de Febrero de 1947.
[18] “Señor Juez Instructor –Requiere: En mérito de la querella criminal que corre en obrados y el oficio dirigido a esta fiscalía de mi cargo por el señor Fiscal de Distrito, sírvase instruir sumario criminal contra […] Modesto Escobar- Francisco Castro Aguilar, Hugo Aguilar Manzaneda, etc., etc. […] DELITOS DE ASESISNATO ROBO, SAQUEO, DESTRUCCION E INCENDIO. En la calificación de detalles que hace el agente fiscal del crimen consta las sanciones correspondientes a delitos de asesinato, robo, saqueo, destrucción, incendio y otros, conforme al siguiente detalle: Arts. 181, 184, 190, 197 del Código Penal, referentes a sedición y levantamiento ilegal y tumultuario contra la Constitución del Gobierno de la Nación y para sustraer el cumplimiento de determinadas leyes, rebeliones y motines sancionadas con penas de presidio y trabajos de obras públicas. Artículos 229, 237, 246 y 248 referentes a intimidación a funcionarios públicos, asaltos y allanamiento de propiedad privada en cuadrilla de delincuentes, a cuya consecuencia había fallecido alguna persona, establece sanciones de pena de muerte, presidio y trabajos forzados de obras públicas. Articulo 483 y 488 que definen el asesinato con todas sus agravantes y delitos en los que además de que la victimización se haya realizado, tuvieran lugar robos u otros atropellos estableciendo la pena de muerte para los culpables. Artículos, 604, 605, 606, 615 y 617 que al definir delitos con robo con fuerza y violencia y después de haber cometido allanamientos, motines y asonadas, establece la pena de presidio, trabajos de obras públicas, destierro y confinamiento. Finalmente los artículos 681 y 682 que sancionan con penas de presidio y trabajos de obras públicas los delitos de destrucción, saqueo y robo. (LA RAZÓN, Jueves 29 de Mayo de 1947, Pág. 5).
[19] F.O.L. (ORGANO DE LA FEDERACIÓN OBRERA LOCAL), AÑO II, La Paz- Bolivia, 1° de Mayo de 1948, N 2.
[19] LA RAZÓN, Sábado 3 de mayo de 1947, Pág. 5


Fotografia: Anarquistas detenidos en el panóptico San Pedro, los tres apoyados en la baranda (de derecha a izquierda): Modesto Escobar, Hugo Aguilar Manzaneda y Francisco Castro Aguilar (detrás de Escobar, Liber Forti)

 

martes, 19 de mayo de 2015

PRESENTACION LIBRO SOBRE LIBER FORTI EN COCHABAMBA

PRESENTACION LIBRO SOBRE LIBER FORTI EN COCHABAMBA
Presentación del libro de Gisela Derpic Salazar “En LIBERtad. Charlas con aquel que está aquí.”
Comentan: Gustavo Soto-Gaby Vallejos
Música: Ricardo Cox
Palabras de la autora
Miércoles 20 de Mayo del 2015 a las 19.00
Museo Arqueológico de la UMSS/ Nataniel Aguirre y Calama

Anarquistas detenidos en el panóptico San Pedro, los tres apoyados en la baranda (de derecha a izquierda): Modesto Escobar, Hugo Aguilar Manzaneda y Francisco Castro Aguilar (detrás de Escobar, Liber Forti) 
Gracias al cc Marcelo Maldonado por la foto

lunes, 11 de mayo de 2015

AUTONOMIA UNIVERSITARIA, MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y LA CRISIS DE LA UMSS




1.      La demanda estudiantil es correcta: los docentes, para ejercer sus actividades académicas, deben ser evaluados, a través de un examen de competencia.

El "Waldazo" ha sido una medida electoral ante las inminentes elecciones rectorales de agosto. En el cálculo político del rector y equipo asesor, la titularización por decreto de 900 docentes, asegurará su victoria electoral. La resolución de consejo universitario ha sido tan desatinada, que ha recibido la condena pública, incluyendo del "académico" vicepresidente de la república, quien ha señalado que estaba plenamente de acuerdo con los exámenes de competencia “porque sino es mucha mediocridad”.

2.      La lucha estudiantil por los exámenes de competencia ha puesto en evidencia solo una astilla de la podredumbre en la que ha ingresado la UMSS.

La universidad sintetiza al Estado, y tiene los rasgos corruptos de este. "Esta estructura funciona como una red de
Poder basada en el clientelismo y la prebenda, que atraviesa todos los estamentos de la universidad y sus expresiones políticas", como señalaba un documento del movimiento universitario Cesáreo Capriles, ya el año 2007[1]; un ejemplo, las prácticas corruptas de otorgación de cargos, materias y horas, como ha evidenciado el movimiento estudiantil. El efecto es que el "poder corrupto de la universidad constituye una estrategia sistemática dirigida a liquidar la investigación en la UMSS y toda posibilidad de producir conocimiento" (Ídem, 2007).

3.      A ninguno de los liderazgos de la UMSS les interesa defender la autonomía universitaria

El representante de la FUL, Alejandro Mostajo interpela al vicepresidente pidiendo que “interponga sus buenos oficios” para conversar con el rector de la UMSS, Waldo Jiménez, respecto a la titularización de docentes por resolución y protestó por el encarcelamiento del universitario Jarlin Coca."[2] Es decir, está demandando que el Estado intervenga en la solución del conflicto.

Por su parte, el respaldo jurídico del "Waldazo" es la ley general del trabajo: los docentes, no solo tienen derecho al trabajo, como reconoce la CPEP, sino que están protegidos por la ley general del trabajo; es decir, se acude a una norma estatal para definir las relaciones laborales en el regimen docente. Si la universidad es autónoma, desde esa capacidad debe establecer las reglas de funcionamiento y los términos de la relación laboral con sus docentes. La titularización de docentes basados en criterios administrativos -la antigüedad- establecida por la ley del trabajo, no solo que vulnera el propósito fundamental de la universidad, la formación y producción de conocimiento, sino que renuncia a su autonomía como institución.

De hecho, la intervención estatal sobre la UMSS ha ido in crescendo, desde las regulaciones administrativo financieras que la universidad pública debe cumplir, pasando por la definición de agendas de investigación y formación subordinadas al gobierno central. Pero, hoy, para la crisis de San Simón, existe el riesgo de una intervención estatal directa en la solución: ya que la UMSS no resuelve su conflicto autónomamente, el estado impondrá la salida. El ministro de gobierno -léase inteligencia- Hugo Moldiz, lo ha adelantado: los docentes deben dar examen de competencia, pero no puede haber estudiantes 20 años en la universidad[3], esto es, exámenes de competencia para docentes y reglamento de permanencia estudiantil para estudiantes.


4.      Los liderazgos estudiantiles son parte del problema, no parte de la solución.

La FUL, hoy dirigida por los trotskistas, no solo tiene un poder simbólico, sino material: no solo que tienen por lo menos 500000 Bs ingresos semestrales, sino que controlan negocios de fotocopiado, comercio minorista en el entorno del ingreso a la UMSS, la guardería, las becas IDH -que les permite contar con una base estudiantil movilizada bajo esta relación clientelista. Por ello, es necesario un movimiento estudiantil autónomo, más allá de la dictadura trotskista, masista, o de cualquier partido de izquierda o derecha, que recupere la autonomía en la UMSS de las logias, caudillos, partidos corruptos.

Negra Tormenta
2015