Guido de la Zerda Vega
(Docente
- UMSS)
Introducción
Las
universidades públicas no han sido estudiadas como culturas políticas. No
obstante, su dimensión política ha sido y es su esencia, su naturaleza y su
función dominante a lo largo de su historia, sobre todo de aquellas que se
remontan en sus orígenes al siglo XIX.
En
ese contexto político podemos identificar en Bolivia cinco periodos más o menos
delimitados y específicamente explicados, con matices más o con matices menos
sobre el desarrollo de la universidad boliviana: 1) la universidad tradicional teocrática:
1830-1930 (Primer momento constitutivo); tradicional político-burocrática:
1930-1971; (Segundo momento constitutivo); la universidad de la centralización
política 1971- 1982 (Tercer momento constitutivo); la universidad de la
administración tecnocrática y económica 1985- 2003 (Cuarto momento
constitutivo) y la universidad de la anomía 2003- …(Quinto y actual momento
constitutivo).
Para
los fines de estas notas, y por la urgencia de comprender la actual coyuntura
enfatizó solamente el último momento constitutivo. En una investigación
anterior (2005), todavía inédita desarrollé los momentos anteriores.
La
hipótesis que guía estas notas afirma que, la crisis con sus características asumidas
el año 2015 (abril-agosto) se decantaron en un sentido estricto ya desde el año
2001. Pues, en el contexto de las elecciones a la Federación Universitaria
Docente, -ese año- la UMSS fue “cercada
y encadenada” para impedir su funcionamiento por uno de los frentes docentes
que terciaron en esas elecciones en respuesta a los abusos del poder central,
digitados desde el rectorado y la secretaria general. Con una virulencia y
violencia parecida se paraliza también la
universidad el 30 de agosto de 2002 a raíz de las elecciones a la FUL. A
partir del 2006 el telón de violencia
alrededor de las elecciones al rectorado será una constante, ésta se imbricará
como una subcultura indeseable e inevitable en el accionar de las dirigencias
corporativas. Los cuerpos de choques organizados, ajenos a la cultura
universitaria tomaran carta de “ciudadanía” en el campus universitario. De ese
modo, la universidad autonomizada y encapsulada se romperá y saldrá al espacio
societal de una forma brusca y violenta, es decir con un rostro desfigurado: el
rol académico o científico de la universidad será desterrado y será reemplazado
por las voces estridentes de sus sindicatos.
La
violencia ya no será un hecho aislado ante las injusticias o los abusos del
sistema de poder universitario, pues se convertirá en una subcultura que irá
destruyendo y corroyendo paulatinamente -en tanto avanza- la cultura
democrática y académica, precipitándose la universidad en una anomía
generalizada, en la cual las cúpulas de las corporaciones de estudiantes, de
profesores y de administrativos aparecen como sus únicos protagonistas.
Esta
situación exila de la universidad el debate democrático, y su discurso ya no
tendrá referencias científicas, sociales y políticas, constantes que caracterizaron
de algún modo a los precedentes momentos constitutivos mencionados. Actualmente,
el referente de la universidad es ella misma, con un rostro extraño a sus
funciones la Universidad Pública de Cochabamba se mira desconcertada en su
propio espejo.
Pero
sería poco preciso pensar que “la universidad anómica” esté viviendo en una
relación especular consigo misma, sola, aislada y desfigurada, y que haya
perdido todos sus referentes con el mundo externo. No es así. Es posible que la
universidad se haya vaciado de discurso y que su anomía sea actualmente su
característica perversa específica, pero en realidad ella, la universidad obra
también como una esponja que absorbe, recrea y refleja los ribetes peligrosos de la anomía
que vive el país, en tanto la primera se descompone internamente.
En
todo caso, por ahora se trata de comprender con una mayor atención el quinto
momento señalado, en un enfoque más autopoietico y menos vinculante con las
otras instituciones del Estado y de la sociedad, aunque en rigor no se pueda
ignorar esas relaciones en el análisis.
1.
Quinto momento constitutivo
1.1 Modelo de la anomía generalizada (2003...)
La universidad pública tiene como relación dominante la enseñanza, es
decir, la relación en el aula de alumnos y de profesores. Sin embargo, su
función real no se debe a esa relación académica, sino a la efectividad con que
cumple su rol de retención temporal y social de una población joven semi-calificada
(bachilleres). De no ser así estos jóvenes que asisten a la universidad
engrosarían las cifras que nos da el informe del Banco Mundial (2016), sobre 20.000
millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, y que representan el 20% de la
población en América Latina entre 15 y 24 años, más conocidos como NINIS (cf.
Hoyos, Rogers & Zsékely, 2016:2).
Entonces la retención de niños(as) y jóvenes en la escuela y la
universidad en un estado dudoso de aprendizajes efectivos, beneficia directa e
indirectamente a la sociedad y a los estados nacionales, puesto que a un costo de
un 9,9% respecto del PIB en Bolivia, las “instituciones educativas” controlan
al grupo etareo que podría fácilmente convertirse en un peligro real en las
calles, “absorbidas por las pandillas y el narcotráfico”, que de hecho ya lo es
(Ibíd.), y cuya única apuesta por el futuro, parece ser el acceso a un espacio
institucional de aprendizajes largos y formales, que lamentablemente no son una
garantía de calidad académica y menos de inserción laboral a posteriori. De ese modo, la escuela y la educación superior
aunque separadas organizacional, académica y políticamente comportan
problemáticas parecidas y “nuevas exclusiones” aun cuando los sujetos del
presente vengan munidos de un capital escolar.
“La fragmentación
social de la oferta escolar, de no
mediar correcciones fuertes, tiende a reproducir la segmentación del mercado de
trabajo. Mientras que en la cúspide se ubica una minoría de empleos modernos
que demandan una “nueva” fuerza de trabajo dotada de una serie de
características tales como creatividad, capacidad de aprendizaje permanente,
iniciativa, facilidad comunicativa, predisposición para trabajar en grupo,
asumir responsabilidades y tomar decisiones en forma autónoma con bajo nivel de
supervisión, habilidad para argumentar, negociar, establecer alianzas,
administrar conflictos, en la base de la pirámide ocupacional se encuentra la
mayoría de los puestos de trabajo, los cuales están ocupados por sujetos con
perfiles de conocimientos y actitudes más bien tradicionales, que conforman el
currículum de la educación básica” (Tenti, 2001: 48).
A su vez, este concepto de universidad como un reducto o espacio de
retención de determinada población calza perfectamente con el concepto o la
lógica de una organización gremial o sindical. Pero no es el gremio que se ha
apropiado o descollado por sí mismo, sino que la transición de una universidad
de élite a una universidad de masas, sin el correlato y la mantención de su cultura
académica, la ha convertido a ésta en un terreno fértil para discurrir
dominantemente por la lógica de los derechos gremiales, posponiendo las
responsabilidades académicas de profesores y alumnos., y el cumplimiento de
nuestras normas básicas.
De hecho, los alumnos asisten a la universidad con un horizonte precario
sobre su futuro laboral, corroboradas por exigencias académicas cada vez menos
seductoras, en tanto, ellos y los profesores son absorbidos por el remolino de
luchas políticas intestinas que cotidianamente plantean las clientelas
políticas alrededor del gobierno universitario, distorsionando aún más la
situación de la condición estudiantil y de la práctica docente.
En el caso de los alumnos, estos indistintamente de su rendimiento
académico pueden permanecer de forma ilimitada en la universidad, y a la vez
beneficiarse de los servicios extraacadémicos que presta la universidad:
comedor gratuito en el caso de la UMSS (10% aproximadamente de la población
estudiantil: 7650 alumnos, Universidad en Cifras, 2014), seguro universal de
salud (totalidad de la población estudiantil), que indudablemente ha inducido a
una acelerada masificación de la matrícula universitaria en estos últimos años.
Un hecho más para concluir que la universidad realiza roles que de hecho son más
políticas que académicas, subrogando las obligaciones y competencias que
atingen al Estado.
Los profesores tampoco están menos expuestos a las clientelas que el
sistema político universitario recrea permanentemente. En realidad la “base
dura” de las clientelas esta sostenida en la planta docente. Las más de las
veces estos deben secundar a estas clientelas que controlan la sucesión de
relaciones de poder para permanecer en la docencia o acceder a algún cargo de
poder. En este contexto, cumplir o no cumplir las normas se ha convertido en un
hecho que fluctúa por el capital
político que hayan acumulado estás clientelas. A mayor acumulación de poder en las
camarillas mayor vulneración de las normas. Así se fueron cristalizando grupos
de poder durante décadas, amparados en la organización de clientelas por dones
y favores. Así se intentó titularizar a la mayoría de la planta docente por
resolución del consejo universitario, vulnerando el reglamento de la docencia.
A su vez, la fragmentación, omisión o violación de la autonomía
universitaria ha tomado carta de ciudadanía en las acciones del Estado (aparato
jurídico y laboral) con la anuencia de la universidad pública. Las leyes
laborales del país se superponen o se cumplen por prelación respecto de las leyes
que protegen y sostienen la cultura de la autonomía universitaria. Esta
situación supedita el estatuto orgánico a las leyes del trabajo, ignorando que
las leyes universitarias internas son las que rigen el respeto, amparo y
derechos laborales de los trabajadores administrativos, docentes y estudiantes.
Esta prelación “jurídica” viola el artículo 92 de la Constitución Política
del Estado referida a la autonomía universitaria, que se reconoce como un
derecho imprescriptible e inalienable en la misma constitución, que implica
obligaciones y reconoce derechos para
autoridades, docentes, estudiantes y dependientes administrativos, y que en el
marco de la autonomía la universidad es libre de administrar y legislar sus
recursos humanos, materiales y definir
sus programas de enseñanza. Pero lo irónico y paradójico, es que esta violación
de la autonomía universitaria no se activa por iniciativa del Estado sino por
la propia universidad, a partir de las demandas de sus actores en contra de las
incongruencias y abusos del sistema político universitario.
El origen de estas incongruencias obedece a que la cultura universitaria
crea una jurisprudencia sesgada y políticamente maniquea, supeditada a las
circunstancias e intereses de los grupos de poder eventuales o de sus
clientelas. Eso significa, que reconoce “derechos” para unos en tanto afecta la
de otros. Es decir, que la fragilidad del concepto de ley y justicia dentro de
la cultura universitaria está supeditada a los “derechos”, “privilegios” y “canonjías”
de sus partidarios o aliados de grupo. Los que toman decisiones al interior de
la universidad administran la universidad como una entidad política, ignorando
la condición natural de sus miembros, como docentes, estudiantes o
administrativos regidos por una misma ley, enmarcada en derechos y obligaciones
académicas y científicas como la función principal de la cultura universitaria.
En ese momento, lo sujetos o personas afectadas por una “jurisprudencia
circunstancial” acuñada en la lógica de las corporaciones y de sus clientelas
políticas se ven presionados a acudir a las leyes del Estado, provocando así un
efecto de cuestionamiento inminente del ejercicio y cumplimiento de la leyes
universitarias, deslegitimando así a la propia cultura universitaria y poniendo
en cuestión la vigencia y potestad de la autonomía.
La universidad al no cumplir y aplicar de forma ecuánime sus normas por ella
misma promulgada, abre una brecha de anomía y de rupturas con sus propias leyes
que la llevan a exponerse a las leyes “externas del Estado”.
1.2 La
anomía y la magisterización de la educación superior
Entre abril y agosto de 2015 la universidad pública de Cochabamba intentó
por resolución del consejo universitario titularizar a su planta docente,
arguyendo derechos laborales y/o políticos, lo que en términos prácticos denotó
una especie “sui generis” de
magisterización de la educación superior, es decir, convertir al conjunto de
docentes en una corporación regida por
la lógica del sindicato, de espaldas a la vigencia de sus propios estatutos.
En una lectura preliminar se puede decir que este “acto político” no fue
tan “sui generis”, ya que parece reflejar una lógica sindical archiconocida que
defiende la condición del profesor en las escuelas públicas de Bolivia, cuando
éstas sostienen la inamovilidad funcionaria de sus profesores,
independientemente de la calidad de los servicios que estos prestan. Esta situación pone en duda la condición de
calidad y de renovación docente, supuestamente sostenido en un sistema de
escalafón o de méritos y exámenes, componente central de los reglamentos de la
docencia en ambos subsistemas: la educación básica y la educación superior.
Desde sus orígenes la magisterización ha tenido varios rostros y
modificaciones en el tiempo. Si conceptualmente el magisterio se entiende como
la “enseñanza y gobierno que el maestro ejerce sobre sus discípulos”, en el
contexto de su aparición alrededor de las escuelas monásticas y catedralicias
como antesala de la primera universidad francesa en el siglo IX, la
magisterización fue mutándose y complementándose con acciones directas de los
profesores para defender sus derechos de enseñar frente al avasallamiento de
“falsos profesores” y los abusos de poder de los cancilleres, obispos e incluso
de las decisiones de los Papas de entonces (Cf. Durkheim, 1995: pp. 23-54).
Estas autoridades religiosas decidían qué, cómo y quiénes debían enseñar
en estas escuelas. En ese contexto, inicialmente el magisterio restringido en
sus acciones al aula fue tomando otros ribetes y rostros acordes a los derechos
y prácticas de los oficios de la época. Así nacieron las primeras corporaciones
o gremios de profesores, que lucharon por sus políticas de enseñanza propias y
defendieron a sus afiliados por sus talentos y su formación, y más aún cuando
se hicieron laicas, aunque siguieron funcionando durante varios siglos bajo la
autoridad o égida del Papa (Ibíd.).
Nuestra época ha absolutizado y parcializado las funciones del
magisterio, restringiéndolo a un organismo corporativo alejado de su función
originaria: la enseñanza. Ahora es un gremio que defiende a sus afiliados no
por sus conocimientos o destrezas para la enseñanza, sino por su condición
laboral y sus derechos al trabajo. Lo sensible de esta visión es que ignora que
la capacidad de transmitir o crear conocimiento se sostiene en el trabajo de la
abstracción y la formación científica y académica, sostenida en el estudio y
dedicación al trabajo intelectual, el cual está expuesto a la evaluación de
alumnos y del medio académico.
En ese sentido, un profesor debe ser defendido y ratificado como docente
a partir de su práctica de aula y de su producción científica como su condición
básica refrendada por su su sindicato.
En todo caso, para continuar cabe preguntarse: ¿En qué momento la
condición académica del profesor universitario se permea con la condición y
lógica de un sindicato tradicional? ¿En qué momento la subcultura sindical
permea la autonomía universitaria convirtiendo al docente en un sujeto de
derechos laborales más que de obligaciones académicas, por oposición a sus
reglamentos y estatutos? ¿En qué momento la universidad es confundida con el
funcionamiento de una fábrica?
Las primeras formulaciones provisionales para repensar la universidad,
pueden ser: 1) La universidad por sí misma ha ido destruyendo las bases
jurídicas y legales de su funcionamiento al desconocer sus propios estatutos y
reglamentos, 2) la condición docente pasa a ser sostenida en la lógica de sus
sindicatos y de los grupos de poder y no en la de sus méritos académicos, 3)
los grupos de poder partidarios y/o de grupo han convertido a los docentes y
alumnos en una clientela política, 4) la sindicalización de la condición
docente al margen de sus reglamentos y normas está atentando la renovación y la
defensa de la calidad docente, 4) la calidad docente indefectiblemente está
ligada a la aplicación del escalafón docente, 5) la normas o reglamentos del
escalafón deben apuntar a evaluar y construir un docente-investigador, el cual
debe ser defendido frente al docente de la enseñanza o la mera transmisión.
Conclusiones
y recomendaciones:
La universidad boliviana mantuvo su sentido en tanto esgrimió un discurso
referencial, ese discurso fue básicamente político, el cual la relacionaba con
la sociedad y la diferenciaba al mismo tiempo del Estado. Esa característica ha
desaparecido. La universidad actual se ha vaciado de sentido discursivo, y esa
situación no sólo obedece a la crisis de su propia lógica, sino también a los
cambios externos que se han suscitado a su alrededor, por ejemplo:
1.
La universidad boliviana ha
sido ignorada radicalmente en la Reforma Educativa 070, Avelino Siñani y Elizardo
Pérez. A lo sumo se la menciona en el articulado referido a su autonomía. Se
han creado universidades indígenas y universidades pedagógicas, militares y
policiales sin ningún vínculo con la universidad pública boliviana. No
obstante, esta última acoge al 80% o más de estudiantes correspondientes al
grupo etareo respectivo, por mencionar una razón vinculante real con la
sociedad.
2. Es
necesario una ley de universidades que permita articular mejor las demandas de
las universidades con la sociedad y el Estado: 1) el establecimiento de una
política de Estado para la universidad, 2) la asignación de recursos
extraordinarios para la investigación, 3) el respeto a la autonomía
universitaria, 4) la creación de una matriz de investigación articulada al
sistema industrial, productivo y educativo del país.
3. La
universidad ya no interpela al Estado, la universidad ya no interpela a su
entorno, menos así misma. No está articulada con la economía, las demandas
sociales y productivas como formadora de recursos humanos, ni con las
necesidades del Estado
4. Lo
que no sabíamos con exactitud es que la década de los noventa en su fracaso por
convertir a las universidades públicas en factorías de la economía, en el marco
de un capitalismo académico, estás instituciones serían abandonadas “a su
suerte” bajo el mando de una burocracia dominante de alumnos, docentes y
administrativos que han gobernado la universidad en estos últimos años.
5. Ya
no existe el referente exterior para la universidad: 1) la Iglesia y la
oligarquía contra la cual proclamamos la autonomía en 1930, 2) el discurso
contra las dictaduras de los años setenta y el viejo capitalismo e imperialismo
que encumbró a la vieja izquierda latinoamericana y nacional, dándole una vida
casi mítica, se ha difuminado, 3) el neoliberalismo y las exigencias de
privatización que las llevó a las universidades a evaluarse para adecuar sus
planes a la economía han fracasado, o fueron olvidándose en el camino, en tanto
el neoliberalismo lo reculamos de otro modo, al lado del actual capitalismo de Estado,
en tanto, las universidades privadas se vuelven protagonistas, amparados por el
propio Estado y las exigencias de las clases medias que las vienen poblando
como efecto de la crisis de las universidades públicas.
6. La
universidad pública sólo se tiene a sí misma como si fuese un espectro que se mira
en su propio espejo, y ese es el origen de la crisis, está volcada sobre sí
misma, y esa cultura endógena la ha pervertido y la está corrompiendo, en un
mal uso de su autonomía. La universidad tiene que encontrar una nueva identidad
y protagonismo en el corazón de la sociedad, de lo contrario la universidad
seguirá atrapada en la disputa violenta entre sus gremios, buscando aumentar sus
privilegios, por oposición a sus funciones académicas.
7. Es
importante también establecer una política de integración de las universidades
públicas, con las privadas, indígenas, militares y policiales en el marco de
una política pública.
8. Es
necesaria la articulación del conjunto de universidades de Bolivia a las
escuelas de secundaria, para enfrentar los problemas de transición de los
bachilleres a las casas superiores de estudio, en el marco de una discusión
abierta de los objetivos y planes de estudio con las demandas de trabajo,
necesidades productivas y sociales del país.
9. Sin
renunciar a su responsabilidad social, la universidad pública debe profundizar
sus funciones académicas y científicas.
10. La
universidad pública si se mantiene con sus actuales políticas está lejos de
cumplir sus objetivos, incluso sólo de enseñanza.
11. El
sistema de gobierno paritario y la condición docente debe paulatinamente
avanzar hacia un perfil de méritos académicos.
12. La
participación de las personas en el sistema de gobierno debe limitarse a
periodos definidos, para evitar la reproducción de clientelas políticas.
13. Las normas y reglamentos promulgados en el
marco de la autonomía deben afirmarse como garantía de la calidad docente y
estudiantil frente a las políticas de las corporaciones o gremios
universitarios.
14. La
autonomía universitaria y sus prerrogativas legales y jurídicas deben ser
defendidas frente al atropello de decisiones judiciales, laborales o de otro
tipo.
